De ser confirmada por el Senado, Rosenworcel, que hasta ahora ha hecho de presidenta en funciones de la FCC -una agencia encargada de garantizar el acceso a internet de los estadounidenses-, se convertiría en la primera mujer en ejercer el puesto de manera permanente.
Además, Biden eligió a Sohn, exempleada de la FCC y activista a favor de la neutralidad en la red, para cubrir el puesto dejado por Rosenworcel como comisionada de la FCC cuando se convirtió en presidenta en funciones de este órgano.
De ser ratificada por la Cámara Alta, Sohn sería, además, la primera comisionada de la FCC abiertamente miembro del colectivo LGTBQ.
El trabajo de la FCC, que cuenta con cinco comisionados, consiste en promover la competencia entre los proveedores de servicios de internet, vigilar las fusiones entre compañías de telecomunicaciones y regular las emisiones por radio, televisión, satélite, cable y online, entre otros.
Actualmente la FCC tiene cuatro comisionados: dos demócratas, que son Rosenworcel y Geoffrey Starks, y dos republicanos, Brendan Carr y Nathan Simington.
Desde enero ha tenido una vacante que no ha sido cubierta hasta ahora por el Gobierno de Biden.
Si las dos nominadas son refrendadas por el Senado, habrá una mayoría de comisionados demócratas, lo que facilitará los esfuerzos de la Administración de Biden para promover la neutralidad de internet.
En caso de que las dos nominadas no sean ratificadas por la Cámara Alta antes de finales de este año, el mandato de Rosenworcel culminará antes de 2022, con lo que los republicanos tendrán en enero una mayoría "de facto".
Hasta ahora las prioridades de los demócratas en esta agencia han estado paralizadas debido al empate en el número de comisionados.
El Gobierno de Biden quiere restaurar las reglas de neutralidad de la red para fomentar la competencia con medidas como la prohibición a los suministradores de internet de bloquear determinados contenidos o permitir a los clientes que paguen más para tener un servicio más rápido.
La neutralidad de la red es el concepto con el que se conocen las provisiones que amparaban internet como un servicio público, unas condiciones que habían sido aprobadas bajo el Gobierno de Barack Obama (2009-2017) en 2015 y que fueron abolidas en diciembre de 2017, ya bajo el Ejecutivo de Donald Trump (2017-2021).