La organización envió una carta al Regulador Europeo de Servicios de Medios Audiovisuales quejándose de que Irlanda no ha traspuesto la revisión de la directiva a pesar de que el plazo expiró en septiembre del año pasado y en consecuencia, la Autoridad de Radiodifusión de Irlanda no puede actuar contra TikTok.
BEUC acusa a la plataforma de ofrecer a los niños "publicidad encubierta y contenido inapropiado que podría obstaculizar su salud física y mental", según un informe que publicó el pasado mes de febrero y tras el cual ya envió una primera carta al regulador europeo.
"El hecho de que la revisión de la directiva de servicios de medios audiovisuales (...) no se está aplicando a TikTok o a cualquier plataforma de vídeos compartidos con sede principal en Irlanda es inaceptable", escribió en la misiva la directora general adjunta de BEUC, Ursula Pachl.
Añadió que "esta falta de protección es particularmente notable en casos como TikTok, una plataforma que usan diariamente millones de niños en la UE, o Facebook, establecida también en Irlanda y que ahora misma está bajo un fuerte escrutinio por sus efectos tóxicos contra menores".
Pachla hizo así referencia a las recientes acusaciones de Frances Haugen, la exempleada de Facebook que acusa a la compañía de anteponer su beneficio al de la protección de los usuarios frente a contenido dañino como la expansión de noticias falsas. Unas afirmaciones que el consejero delegado, Mark Zuckerberg ha negado.
Ante la falta de transposición de la directiva, la Comisión Europea abrió en noviembre del año pasado un procedimiento de infracción contra Irlanda y otros 22 países, entre ellos España.
En la misiva, BEUC dijo también que la falta de actuación contra TikTok coincide con el "foco" puesto sobre la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC) por su "falta o lenta aplicación del Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)" que la Unión Europea aprobó en 2018.
Dado que empresas como Apple, Facebook, Google, Amazon, Twitter, Microsoft o TikTok tienen su sede en Irlanda por los beneficios fiscales que les ofrece el país, la DPC es la principal autoridad en la UE encargada de controlar si los gigantes de internet cumplen con la normativa europea de protección de datos.
Ante esta realidad, las autoridades de protección de datos de España, Francia o Italia han acusado a su homóloga irlandesa de retrasar las investigaciones contra las compañías e instituciones como el parlamento irlandés han reclamado su reforma.
Tras una investigación de tres años, la DPC multó en septiembre a Whatsapp, propiedad de Facebook, con 225 millones de euros por infringir el GDPR, lo que supuso la segunda sanción más cuantiosa en la UE por este motivo, después de que la Comisión Nacional para la Protección de Datos de Luxemburgo castigara a Amazon en julio con 746 millones de euros.