Tras la cancelación del estado de emergencia, "las autoridades no van a poder enviar nuevos casos a los tribunales de emergencia creados bajo esa ley", destacó en un comunicado Philip Luther, director de campañas de AI para Oriente Medio y el norte de África.
Sin embargo, "para que este sea un paso significativo de cara a la crisis de derechos humanos en Egipto, las autoridades deben dejar en libertad de forma inmediata e incondicional a todos aquellos que se enfrentan a un juicio ante un tribunal de emergencia sólo por ejercer pacíficamente sus derechos", agregó.
AI señaló que entre ellos se encuentran uno de los rostros más conocidos de la revolución egipcia, el bloguero Alaa Abdelfatah, el abogado de derechos humanos Mohamed Baker y el youtubero Mohamed "oxígeno", que llevan más de dos años en detención preventiva y que mañana se sentarán en el banquillo en la segunda sesión del juicio.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) también consideró esta semana que el paso dado por el presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, "está lejos de ser suficiente para empezar a solucionar la prolongada crisis de derechos humanos en el país".
En un comunicado, la organización de derechos humanos explicó que el Gobierno egipcio necesita "poner fin a otras restricciones parecidas a la ley de emergencia sobre la participación ciudadana, la libertad de expresión y la asamblea pacífica".
Las ONG internacionales y locales calculan que en Egipto hay decenas de miles de presos políticos o de conciencia, tanto islamistas como izquierdistas, abogados de derechos humanos, periodistas y otros que han expresado sus opiniones contra el Gobierno de Al Sisi en redes sociales.
El estado de excepción fue declarado en Egipto por primera vez en abril de 2017, después de dos brutales ataques contra iglesias coptas en el norte de Egipto, y prorrogado de forma continua hasta este mes de octubre.
La Constitución egipcia sólo permite la extensión del estado de emergencia durante un periodo máximo de seis meses consecutivos, por lo que el Parlamento renovaba su vigencia cada tres meses dejando un intervalo de varios días cada seis meses para poder sortear este límite legal.