El diario privado hongkonés South China Morning Post informa hoy de que Shenzhen es una de las primeras grandes ciudades chinas en tomar una medida de este tipo, y la decisión viene después de que casi un tercio de los terrenos fueran retirados de las subastas a nivel nacional desde septiembre debido a que las promotoras no quieren tomar riesgos ante la incertidumbre imperante en el sector.

Shenzhen, cuyo apodo del 'Silicon Valley de China' no solo tiene ecos en la presencia de grandes tecnológicas, sino también en sus altos precios inmobiliarios, permitirá que más de una promotora puje por un terreno al mismo precio, entrando en una competencia que se decidirá por cuál de ellas puede construir más viviendas consideradas asequibles.

Cabe recordar que las leyes chinas contemplan que la propiedad de toda la tierra es de carácter estatal, por lo que lo que se vende es el derecho a su uso por un período prorrogable, generalmente de 70 años.

En la segunda subasta nacional de terrenos de 2021 -que incluye a 22 ciudades, entre ellas metrópolis como Shenzhen, Pekín o Shanghái- se acabaron retirando 206 terrenos de los 700 disponibles, mientras que en anteriores rondas se había tenido que detener o posponer las pujas porque los precios se disparaban ante la fuerte demanda.

Muchas promotoras chinas han visto su liquidez afectada desde el año pasado, cuando Pekín impuso las llamadas "tres líneas rojas", que limitan el acceso de las inmobiliarias más endeudadas a financiación bancaria, como parte de sus metas de impedir un mayor apalancamiento en un sector que representa, contando con su impacto indirecto, casi un 30 % del PIB nacional.

El caso que mayor atención internacional ha recibido es el de Evergrande, ya que acumula un pasivo superior a los 300.000 millones de dólares, pero todavía no ha incurrido en el impago oficial de sus bonos, mientras que otras compañías de menor tamaño como Sinic o Modern Land sí lo han hecho.

La reducción de las ventas de los derechos sobre el terreno no solo implica una menor actividad en el sector inmobiliario -con la consiguiente ralentización de su aportación al crecimiento económico- sino también una caída en una importante fuente de financiación para los gobiernos locales chinos.

Según datos recientemente ofrecidos por Standard & Poor's (S&P), esas ventas suponen el 42 % de los ingresos de las ciudades y el 39 % en los distritos y condados, siendo las autoridades de esas subdivisiones las que controlan la mayor parte de las tierras disponibles en el país.

En los pronósticos más "extremos" de S&P, una "corrección desordenada" del mercado inmobiliario chino podría hacer que los gobiernos locales se vieran obligados a asumir una deuda todavía mayor al dar un apoyo fiscal más agresivo u ordenar a las empresas estatales que finalizasen las promociones inacabadas y las entregasen a sus compradores para "mantener la estabilidad social".