En un comunicado, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció el apoyo de su país a ese informe y también el de otras 15 naciones: Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y Reino Unido.
Todos los países alabaron el informe elaborado por Oficina de Derechos Humanos de la ONU, dirigida por la alta comisionada Michellet Bachelet, y la Comisión Etíope de Derechos Humanos y consideraron que tendrá un gran valor para ayudar a buscar justicia a las víctimas y sobrevivientes del conflicto.
"Es imperativo garantizar una rendición de cuentas significativa y sistemática de los responsables de tales abusos y violaciones", afirmaron EE.UU. y los otros 15 países.
Consideraron, además, que el reporte demuestra la necesidad de investigar con profundidad esos abusos; y expresaron preocupación, como ya hizo Bachelet, por las restricciones que enfrentan las organizaciones humanitarias para entrar en la región etíope de Tigray, donde se concentra el conflicto.
El reporte cubre el periodo que va del 3 de noviembre de 2020, cuando estalló el conflicto en la región de Tigray (norte del país), hasta fines del pasado junio, coincidiendo con la declaración de alto al fuego unilateral por parte del Gobierno central.
El informe no sólo responsabiliza de graves crímenes a las fuerzas de los gobiernos central y regional (de Tigray) y a sus múltiples milicias y fuerzas aliadas, sino también al Gobierno de Eritrea, que tiene fuerzas desplegadas en la región del norte de Etiopía en apoyo al Gobierno de Adis Abbeba y que han cometido igualmente numerosas exacciones, según los hechos documentados en la investigación.
El conflicto en Etiopía enfrenta a las Fuerzas Nacionales de Defensa Etíopes, a las Fuerzas de Defensa de Eritrea, a las Fuerzas Especiales de la región de Amhara y varias milicias afines contra las Fuerzas Especiales Tigriñas, distintas milicias (la principal es el Frente Popular para la Liberación de Tigray, conocido por sus siglas TPLF) y otros grupos que son sus aliados.
Desde el inicio de las hostilidades en Tigray, más de 50.000 personas han buscado refugio en la vecina Sudán, donde hace una semana hubo un golpe de Estado y los militares retornaron al poder.
Además, más de 1,7 millones de civiles se han convertido en desplazados internos y un total de 5,7 millones de personas necesitan asistencia humanitaria de urgencia, lo que representa 1,5 millones más que antes del conflicto.