La magistrada, Tanya S. Chutkan, con tribunal en el Distrito de Columbia, concluyó que la comisión del Congreso que investiga el asalto tiene derecho a recibir estos documentos, tal y como también sostiene la Casa Blanca.

Trump invocó un supuesto "privilegio ejecutivo" para reclamar que los documentos, básicamente detalles sobre qué pasaba en la Casa Blanca mientras ocurría el asalto, en su pugna judicial con la comisión investigadora.

Chutkan defendió que la "posición (de Trump) de que puede anular la voluntad expresa del poder ejecutivo parece basarse en la noción de que su poder ejecutivo existe a perpetuidad".

"Pero los presidentes no son reyes, y el demandante no es el presidente", añadió.

Un portavoz de Trump, Taylor Budowich, insinuó en Twitter que el equipo legal del expresidente apelará la decisión de Chutkan a una instancia superior, por lo que es probable que termine siendo el Tribunal Supremo quién falle sobre el caso.

El equipo legal de Trump intentará que la Justicia pare de manera temporal la entrega de los documentos a la comisión por parte de los Archivos Nacionales, que el actual presidente, Joe Biden, ha autorizado para el 12 de noviembre.

La comisión fue impulsada por la presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y está formada por una mayoría de congresistas demócratas y tan solo dos republicanos -Liz Cheney y Adam Kinzinger- que están enfrentados con Trump.

Además de la solicitud de documentos, la comisión ha citado a declarar a múltiples colaboradores de Trump, entre ellos a su exjefe de Gabinete Mark Meadows o a su exasesor y líder ultraderechista Steve Bannon.

Este martes, de hecho, la comisión citó a declarar a otras diez personas, entre ellas al que fuese principal asesor sobre inmigración de Trump, Stephen Miller, y a la exportavoz de la Casa Blanca Kayleigh McEnany.