“Siempre hemos sospechado que nuestros teléfonos estuvieran infiltrados por las autoridades de la ocupación (israelí) y que todo lo que decimos o enviamos fuera escuchado y controlado. Pero ahora, tenemos pruebas y documentos legales que reconocen la existencia de esta intrusión israelí”, afirmó hoy en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de la ANP.
El ministerio indicó que está preparando un "expediente completo" con las pruebas recabadas para presentarlo ante los organismos internacionales pertinentes, incluidas instituciones de justicia penal internacional, y apuntó directamente al "gobierno de la ocupación israelí" como responsable de esta "flagrante e inmoral violación de los derechos humanos".
La semana pasada EEUU sancionó por ciberespionaje a la firma israelí NSO, fabricante del software Pegasus, que en julio una investigación periodística internacional reveló que había sido para espiar a cientos de activistas, periodistas y líderes políticos de todo el mundo, entre ellos el presidente francés Emmanuel Macron.
Israel siempre se ha desmarcado de las acusaciones sobre NSO alegando que se trata de una empresa privada, al margen del Gobierno.
"Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional, instituciones y empresas para boicotear a las partes implicadas en estos escándalos de espionaje y trabajar conjuntamente para llevarlos ante la justicia internacional", indicó la ANP.
Una investigación conjunta de Front Line Defenders, Citizen Lab y Amnistía Internacional, publicada el pasado día 8, probó que los teléfonos de seis activistas palestinos - tres de ellos miembros de alguna de las seis ONGs palestinas que Israel catalogó como organizaciones terroristas en octubre- también fueron pirateados con Pegasus.
Las organizaciones declaradas terroristas son Al Haq, el Centro Bisan, Addameer (Asociación de Derechos Humanos y de Apoyo a los Prisioneros), la Unión de Comités de Mujeres Palestinas, la Unión de Comités de Trabajo Agrícola y la Organización de Defensa de la Infancia.
Se les acusa de ser ramificaciones civiles del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado organización terrorista también por EE.UU. y la Unión Europea.
Estas organizaciones son socias de ONGs internacionales que operan en los territorios palestinos y la mayoría recibían fondos de la UE, que ha pedido a Israel prueba más sólidas sobre sus presuntos vínculos terroristas, al igual que EEUU.