"Los principales afectados con una ley de esta naturaleza no son las organizaciones, sino los miles de beneficiarios con la defensa de los derechos humanos, la atención a víctimas de desplazamiento forzado y las víctimas que no han tenido acceso la justicia", señaló Cristosal en un comunicado.
Añadió que también "hay una preocupación por la redacción de conceptos jurídicos imprecisos que podrían ser utilizados de forma arbitraria para la cancelación de personería jurídica de las asociaciones y fundaciones de derechos humanos".
Señaló que la referida propuesta "no contribuye a transparentar" los recursos que las organizaciones reciben, sino que "vuelve inviable el trabajo" y "restringiéndole a la población los beneficios de la solidaridad internacional".
Indicó que la propuesta "vulnera el derecho de organización y asociación de trabajadores de las organizaciones de la sociedad civil, criminalizándolos y estigmatizándolos".
"Estos son principios fundamentales de la democracia, puesto que las organización es una herramienta de participación ciudadana", apuntó Cristosal.
Finalmente llamó a "trabajar y dialogar sobre una propuesta de ley que realmente beneficie el acceso a la información de la ciudadanía y que sea construida colectivamente".
Cristosal señaló que solo en 2021 ha atendido a 500 personas con "acciones de protección" de sus derechos, a más de 360 en educación en derechos humanos y representa a 113 víctimas de la guerra civil (1980-1992).
Entre estas últimas se encuentran los sobrevivientes de la masacre de El Mozote (1981), donde el Ejército masacró a unos 1.000 civiles, principalmente niños.
El ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Bidegain, defendió el miércoles el proyecto de ley de agentes extranjeros y aseguró que es para "garantizar la soberanía nacional de nuestro país".
Bidegain señaló que la comparación que han realizado diversos sectores con una ley similar promovida en Nicaragua "es únicamente algo de forma", dado que, a su juicio, es similar una ley de Estados Unidos y de la Unión Europea.
"Si Nicaragua tuvo o quiso hacer una ley similar o parecida, pues está bien. Pero creo que es importante comparar el fondo y no la forma", dijo.
La propuesta fue enviada por Bukele pocos días después de que señaló a Estados Unidos de financiar a organizaciones sociales que a su juicio son la "oposición política".
El presidente salvadoreño acompañó su mensaje de una publicación de un medio local en la que se informa de que la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) destinará 300 millones de dólares a organizaciones en El Salvador, Guatemala y Honduras.
El Gobierno de Bukele mantiene una relación tensa con Estados Unidos tras la salida de Donald Trump del Gobierno y la llegada de Joe Biden.
La encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador y jefe de la misión diplomática, Jean Manes, dijo el lunes a la prensa que las relaciones de su país con la nación centroamericana "no están sólidas".