“Lo importante es que no se fuercen las cosas de forma peligrosa, confío en el sentido cívico de los manifestantes y en que sigan los métodos acordados con las autoridades de seguridad pública”, dijo la ministra del Interior, Luciana Lamorgese, horas antes de las protestas previstas también en Turín, Trieste y muchas otras ciudades del país.
Lamorgese explicó que la nueva directiva sobre las manifestaciones antivacunas emitida el pasado miércoles, y que permite a las ciudades prohibir las manifestaciones en el centro, "da indicaciones a los prefectos para que se equilibre el derecho a manifestarse con la necesidad de proteger la salud".
En Roma la mayor concentración tendrá lugar en el Circo Máximo, donde se esperan unas 1.500 personas, después de que se haya prohibido en el centro histórico, tras la manifestación que terminó con violentos enfrentamientos con la policía y el asalto a la sede del mayor sindicato del país, la CGIL, hace un mes.
Los edificios institucionales y las zonas comerciales del centro de la capital han sido considerados "objetivos sensibles", mientras que desde hace unos días se ha reforzado la seguridad en el Palacio Chigi, sede de la presidencia del Gobierno, así como el nivel de protección del primer ministro, Mario Draghi.
En Milán estará en la manifestación el hijo de Robert Kennedy y sobrino del presidente JFK, conocido por sus posiciones antivacunas y, según la patronal de los comerciantes, las protestas causarán una pérdida a los negocios locales de 4 millones de euros.
La prefectura ha cerrado has el 9 de enero la zona del Duomo, donde en las última semanas se registraron incidentes entre los manifestantes y los periodistas que cubrían las marchas, que en muchos casos fueron golpeados e insultados.
También en Nápoles se han prohibido las protestas en el centro histórico debido a "las reducidas dimensiones y la presencia de una elevada concentración de actividades comerciales y de un constante y habitual tránsito peatonal de residentes y turistas", según el alcalde, Gaetano Manfredi, que pretende equilibrar el derecho de manifestación "con la situación actual, que es muy complicada"
Aunque en un primer momento se avanzó la posibilidad de que se prohibieran las manifestaciones en los centros de las ciudades, al final Interior se ha limitado a indicar que sean los delegados del Gobierno y los alcaldes quienes impongan limitaciones caso por caso.
En concreto les pide que estudien cada protesta y que identifiquen “áreas urbanas sensibles” que “podrán ser objeto de prohibición temporal de manifestaciones públicas”, siempre siguiendo el “principio de proporcionalidad” y llevándose a cabo en otras zonas, en respeto del derecho a la libre manifestación garantizado por la Constitución.