En una conferencia celebrada este lunes en Bruselas, la encargada de investigar las reclamaciones relacionadas con una mala gestión de los organismos europeos advirtió de que la normativa vigente está desfasada y resulta deficiente para asegurar una rendición de cuentas efectiva ante el público.

"Esta piedra angular de la transparencia europea proviene de una era radicalmente diferente, anterior a muchas herramientas modernas como lo son los teléfonos inteligentes, la mensajería instantánea y el 'big data'. Necesita modernizarse, actualizarse a la realidad de hoy, al tiempo que mantiene sus puntos fuertes", reclamó.

O'Reilly insistió también en que la norma debe ajustarse mejor a los derechos de los ciudadanos europeos consagrados en el Tratado de Lisboa, fomentar una mayor "transparencia proactiva" y tener presente la jurisprudencia sobre transparencia en la toma de decisiones.

"Es un tema central de buena gobernanza. Se trata de que las instituciones públicas rindan cuentas a lo largo de toda la cadena de toma de decisiones de la UE, ya sea en lo que respecta a la adquisición de vacunas, a los fondos de recuperación o a decisiones legislativas en el Consejo. Esta ley es crucial para los derechos de los ciudadanos europeos", subrayó.

Según O'Reilly, las quejas relacionadas con la transparencia representan cerca de un cuarto de las reclamaciones recibidas por el Defensor del Pueblo Europeo, por lo que dicho organismo ha preparado un informe para guiar a la administración comunitaria en su obligación de cumplir el derecho de acceso a los documentos de la UE.

Entre las directrices destaca la necesidad de crear un registro público de documentos, de concretar políticas específicas en materia de publicación y retención de archivos y de elaborar estadísticas anuales sobre la gestión de las peticiones de acceso.

"En general, las respuestas recibidas en encuestas indican que todavía hay mucho margen de mejora en la forma en que las instituciones hacen efectivo el derecho de acceso a los documentos europeos. Algunas cuestiones podrían abordarse dentro del marco legal existente, pero en otras es necesario un cambio en la ley para incorporar la jurisprudencia existente", destaca el informe.