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La medida fue adoptada luego que el Centro de Atención a las Víctimas del Ministerio Público del estado de Acre (norte) cuestionara sobre la no existencia de los campos de identificación “identidad de género” y “orientación sexual” en los cuestionarios básico y por muestras.
Con la investigación se busca corregir cualquier error en la metodología del censo, para evitar que una parte importante de la población brasileña quede por fuera del "retrato real" que debe ser demostrado con la medición.
De acuerdo con la Procuraduría, si ese tipo de errores no se solucionan, las personas que no se identifiquen en el binomio mujer-hombre “serán invisibles” y sin alcance a las políticas públicas dirigidas a sus derechos fundamentales, como el derecho a existir o a recibir atención de salud.
"La protección de esta población debe realizarse de todas las formas posibles, dada la realidad de desigualdades y violencia que ubican a Brasil entre los países que más registran crímenes letales e intencionales contra la vida de las personas LGBTQIA+", señaló la entidad en un comunicado.
Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales (ILGA), Brasil ocupa el primer lugar en América en cantidad de asesinatos de personas LGBT y es el país que más mata transexuales y travestis del mundo.
El año pasado murieron asesinadas en Brasil 237 personas de esa comunidad. De ese total, 175 fueron transexuales y travestis según datos de la Asociación Nacional de Travestis y Transexuales (Antra).
El último censo en Brasil tuvo lugar en 2010 y normalmente la medición se repite cada diez años. La potencia suramericana tenía planificado realizar una nueva medición en 2020, pero tuvo que aplazarla dos años por culpa de la pandemia de la covid-19.
Desde septiembre pasado, se están llevando a cabo “censos experimentales” en diversas partes del país, para entrenar al personal que realizará las encuestas, identificar errores y corregirlos antes de realizar la medición definitiva.