El Partido Socialista y Unidas Podemos, que integran el Ejecutivo de coalición, presentaron este miércoles una enmienda a la ley de Memoria Democrática que tramita el Parlamento español para que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y tortura sean “imprescriptibles y “no amnistiables” al prevalecer el derecho internacional frente a una ley española que concedió una amnistía en 1977.

El objetivo es que esa ley, de la etapa de transición de la dictadura militar a la democracia, "no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir" ese tipo de crímenes, dijo en rueda de prensa el parlamentario de Unidas Podemos Enrique Santiago, que es abogado.

Santiago admitió que por el tiempo trascurrido desde esos crímenes el efecto en la Justicia no "va a ser muy importante", ya que la responsabilidad penal acaba con la muerte y muchos responsables han fallecido, pero sí se podrá alcanzar una "verdad judicial" y no se permitirá la impunidad.

"No se trata de juzgar a servidores públicos de la dictadura -1939 a 1975-, si no a aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables", explicó.

Santiago puntualizó que se trata de una interpretación de la ley de 1977, no de una derogación, que busca "un efecto reparador" para las víctimas.

Los intentos de juzgar estos crímenes han resultado hasta ahora infructuosos en base a la ley de amnistía, tanto en iniciativas en el país como las del exjuez Baltasar Garzón o en el exterior en procesos emprendidos en Argentina apoyándose en el principio de justicia universal.

Los socios de Gobierno necesitan apoyos parlamentarios para que sean aprobadas sus enmiendas, como otra que pide que el Valle de los Caídos, un monumento de la dictadura cerca de Madrid, vuelva a llamarse Valle de Cuelgamuros y que sean retirados los restos de José Antonio Primo de Rivera, considerado por el régimen franquista como un mártir de la Guerra Civil española (1936-1939).

Los restos del dictador Francisco Franco fueron exhumados en 2019, con la aprobación del actual Gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez y el aval del Tribunal Supremo español.

El objetivo de la ley es la protección de las víctimas de la dictadura, de la que aún quedan miles de desaparecidos, con una nueva norma que equipare a España a otros países europeos en esta materia dando un más respecto a la ley de Memoria Histórica de 2007, aunque para parte de la izquierda se queda corta mientras la oposición de derechas considera que reabre heridas del pasado.