La legislación, promovida por el presidente Nayib Bukele y aprobada con 62 votos de los 84 diputados, establece el procedimiento que seguirá la recientemente creada Dirección Nacional de Obras Municipales" para que se expropien inmuebles cuando no se alcance un acuerdo con los dueños.
"Los propietarios o poseedores de inmuebles, que se consideren de interés público, podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos previa declaración de utilidad pública" con "una justa indemnización", señala la legislación.
Indica que los jueces de primera instancia con jurisdicción civil serán los encargados de procesar la demanda de declaración de "dominio eminente" a favor del Estado.
Sin embargo, la legislación señala que tras la admisión de la demanda el juez autorizará a la Dirección Nacional de Obras Municipales el inicio de las obras.
Por otra parte, solo permite la apelación del fallo, en caso de ser favorable a la referida instancia estatal, en cuanto al monto de la indemnización y no de la declaración de utilidad pública.
Diversos legisladores del partido oficialista Nuevas Ideas (NI) defendieron la normativa y señalaron que busca la realización de obras de beneficio y acusaron a la oposición de "desinformar" a la población.
El diputado Guillermo Gallegos, de la oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), aseguró que instancias del Estado ligadas a obras de infraestructura han recurrido antes a la expropiación, que estipula la Constitución.
"Me parece que es de mal gusto decir que con esto se le van a quitar las propiedades a la gente, el objetivo es hacer obras de beneficio para los municipios del país", dijo Gallegos.
LEY COMPARADA CON UNA DE NICARAGUA
Johnny Wright, diputado del partido opositor Nuestro Tiempo (NT), señaló que la "ley de expropiaciones es parecida a la nicaragüense" y que se votó "siguiendo los pasos del régimen de Nicaragua".
Cuestionó si la normativa serviría para expropiar bienes a los críticos del Gobierno y la calificó de ser "ilegal" e "inconstitucional". También dijo que permitiría "quitar y concentrar recursos privados".
"Lamentamos que cada día más, Venezuela y Nicaragua sean su modelo a seguir", concluyó.
Rina Argueta, del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), dijo que, a su juicio, esta ley "permite abusos y viola derechos", y que además "trasgrede la Constitución".
La Constitución de El Salvador establece en su artículo 106 que "la expropiación procederá por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización"; también indica que "se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto".
La aprobación de esta ley se da pocos días después de que el presidente Nayib Bukele anunciara la construcción de la "ciudad bitcóin", de la que no se conocen los detalles.