También pidieron a la Corte Constitucional que acepte la acción de protección extraordinaria por la falta de "consulta previa libre e informada" a los pueblos indígenas, que serían afectados por las actividades de extracción en la selva colindante con Perú.
Se trata de 41.760 hectáreas involucradas en el proyecto San Carlos Panantza que, según Carlos Mazabanda, de Amazon Watch, significa que el 46 % está dentro de la comunidad.
Sin embargo, aseguró en una rueda de prensa virtual, que el Ministerio de Ambiente dijo este jueves en la audiencia que el territorio no corresponde a comunidades indígenas por lo que no cabe una consulta previa.
Entre otras cosas, reveló que las autoridades mostraron evidencia de una reunión de socialización, impartida por la empresa minera, pero que se realizó en el cantón San Juan Bosco, fuera del área a intervenir, con la participación de 161 personas.
Entre los asistentes registraron a 33 funcionarios de Gobiernos Autónomos Descentralizados y 40 estatales. De la comunidad civil asistieron solo 10 del pueblo Shuar y 46 mestizos, detalló Mazabanda de acuerdo con un registro de dicha reunión.
Para la abogada defensora de los indígenas amazónicos, Verónica Potes, "la defensa del Estado es débil porque socialización no es consulta" y reflejaría una vulneración de los derechos de estas comunidades.
Además los participantes de la rueda de prensa, entre ellos miembros de las comunidades Shuar Arutam, abogados y ecologistas, mostraron su indignación al denunciar que la Corte Constitucional tardó seis años en fijar una audiencia dentro del caso.
"Desde la conquista española desconocen nuestros derechos", reclamó Josefina Tunki, presidente del pueblo Shuar, quien aseguró que son ellos los "dueños legítimos de esas tierras".
Entre los pedidos a las autoridades judiciales figuran la declaración de la vulneración del derecho a no contar con la consulta previa libre e informada y la aplicación de medidas de reparación.
San Carlos Panantza es una mina de cobre perteneciente a la empresa china Explorcobres S.A., subsidiaria de la canadiense Corriente Resources Inc. y forma parte de los proyectos mineros a gran escala en el país.
En marzo de 2020, durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19, las instalaciones de uno de los campamentos del proyecto fueron atacadas y dinamitadas por "grupos armados" causando daños también a vehículos y equipos, según un comunicado difundido entonces por la empresa minera.
El proyecto generaría ingresos de unos 40.000 millones de dólares en los próximos diez años a Ecuador, según dijo cuando era presidente, Lenín Moreno.
Sin embargo, la disputa ha logrado que las operaciones se mantengan suspendidas.