Las fuentes, que se mantienen anónimas por seguridad, precisaron a Efe que el tribunal de Naipyidó, la capital, pospuso los veredictos que deberían haberse pronunciado hoy por los casos de incitación y de quebrantar la ley de Desastres Naturales al incumplir las normas de control de la pandemia de covid-19.

Este último veredicto fue aplazado después de que los abogados de Suu Kyi solicitaran al tribunal que declare un testigo que no había podido testificar hasta entonces.

El delito de incitación, del que se declaró no culpable el pasado septiembre, castiga la emisión de mensajes que causen "miedo o alarma" o inciten que alguna persona cometa algún crimen contra el Estado.

Los abogados de Suu Kyi se han lamentado en los últimos meses de las dificultades para encontrar testigos que declaren en favor de la exmandataria por miedo a posibles represalias de la junta militar, que detenta el poder en el país desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero.

La depuesta líder, detenida desde el día de la asonada, también está siendo juzgada por otros cargos como la importación ilegal de "walkie talkies", la vulneración de la Ley de Secretos Oficiales (castigada con hasta 14 años de prisión), de abuso de poder y de corrupción por, supuestamente, haber aceptado sobornos.

El Ejército justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales del pasado año, cuyo resultado fue anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015 con el aval de observadores internacionales.

El golpe de Estado supuso el encarcelamiento de Suu Kyi y otros líderes de su partido, la Liga Nacional para la Democracia, y sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica.

Según la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP), desde el golpe de Estado las fuerzas de seguridad han quitado la vida a 1.297 personas y han detenido de manera arbitraria a más de 10.500 personas.