Ese argumento de los líderes conservadores en ese estado dio comienzo a una audiencia en el Supremo sobre un caso que será clave para el futuro del derecho al aborto en Estados Unidos, y que el movimiento feminista teme que pueda desembocar en la prohibición de esa práctica en la mitad conservadora del país.

El procurador general de Misisipi, Scott Stewart, no se limitó a defender la ley sobre la que versa el caso, un veto al aborto a partir de las 15 semanas de gestación en ese estado, sino que pidió que el Supremo anule el precedente establecido por esa misma corte en 1973, conocido como “Roe versus Wade”.

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Stewart argumentó que esa decisión, que estableció un derecho al aborto en todo el país hasta alrededor de las 24 semanas de gestación, “no tiene base en la Constitución” y debe ser anulada, junto con otro precedente de 1992 que limitó los casos en los que los estados pueden restringir la interrupción voluntaria del embarazo.

Esas decisiones "no tienen cabida en nuestra historia o nuestras tradiciones. Han dañado el proceso democrático. Envenenan la ley", opinó el representante legal de Misisipi.

La jueza Sonia Sotomayor, de tendencia progresista, expresó su alarma ante el hecho de que Misisipi pida el fin del precedente marcado en 1973 y que lo haga por el hecho de que “hay nuevos magistrados” en el Supremo, porque el año pasado se amplió a seis la mayoría conservadora en esa corte.

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"¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto crea, en la percepción de la gente, de que la Constitución y su lectura son simplemente actos políticos?", planteó la jueza.

En el mismo sentido, el juez progresista Stephen Breyer destacó la necesidad de que el Supremo actúe en este caso “basándose en principios (legales), y no en la presión social o política”.

La mayor parte del debate en la audiencia se centró en la posibilidad de eliminar el estándar de "viabilidad" marcado en la decisión de 1973, que permite interrumpir el embarazo hasta el punto en el que el feto puede sobrevivir fuera del vientre materno, alrededor de las 24 semanas de gestación.

El juez que preside el Supremo, el conservador John Roberts, se mostró interesado en eliminar ese estándar y limitar el derecho al aborto a las 15 semanas de gestación, como en el caso de la ley de Misisipi, que todavía no ha entrado en vigor.

La decisión del Supremo sobre el caso no se espera hasta 2022, y llegará, como muy tarde, a finales de junio.