La ley aprobada hoy determina que para las cadenas con una facturación de más de 273 millones de euros anuales, la tasa más alta de este impuesto sea del 2,7 %, frente al 2,5 % actual.

Aunque la ley no discrimina entre empresas nacionales y extranjeras, en la práctica afecta sólo a grandes cadenas extrajeras, como Aldi, Auchan, Lidl, Penny Market, Spar y Tesco.

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La nueva legislación, aprobada con la mayoría del partido gubernamental, el Fidesz, también determina que estas mismas cadenas deberán entregar al Centro de Salvación de Alimento los productos alimentarios que caduquen en las siguientes 48 horas.

La legislación no afecta a las tres cadenas húngaras más grandes, CBA, COOP y Reál, ya que estas funcionan como franquicias, por lo que su facturación es muy inferior al que establece la ley.

Miembros del gobierno y del Fidesz llevan años opinado que Hungría debería apoyar a las cadenas locales de supermercados.

La nueva regla no afecta los productos con una fecha de caducidad de menos de dos días, como los de panadería.

La ley que entrará en vigor el 1 de febrero de 2022 fue redactada, según el Fidesz, para controlar el desperdicio de alimentos.

Sándor Farkas, secretario de Estado de Agricultura, dijo hoy en el Parlamento que la norma obliga “a las grandes cadenas ofrecer a los necesitados los alimentos próximos a caducar”.

Medios independientes, como el diario digital Telex, señalan que la obligatoriedad de entregar los alimentos podría ser anticonstitucional, ya que se trata de una propiedad privada.

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) los húngaros tiran a la basura más de 1,8 millones de toneladas de alimento al año, un desperdicio que en toda la Unión Europea (UE) alcanza las 90 millones de toneladas.