“Hasta la fecha, alrededor de un tercio de los Estados miembros de Naciones Unidas continúan criminalizando los actos sexuales consensuados entre personas adultas del mismo sexo”, recordó la consultora de investigación para ILGA, Kellyn Botha, al presentar el informe.

El documento advierte que muchos países han utilizado leyes inactivadas durante años o incluso meras amenazadas recogidas en los códigos penales para criminalizar a estos colectivos.

"Los gobiernos a menudo subestiman estas leyes incriminadoras al considerarlas 'regulaciones inactivas', pero las leyes nunca 'duermen' realmente", indicó la experta.

"La naturaleza impredecible de su aplicación hace que las personas LGBTI y de género diverso vivan continuamente bajo amenaza, excluyéndose las de una participación igualitaria en la sociedad", añadió.

El informe denuncia que las detenciones arbitrarias y los enjuiciamientos hacia personas LGBTI han persistido en el año 2021.

ILGA remarca el hecho de que muchas de estas detenciones no se basan en el incumplimiento de la ley, y a veces meras expresiones de género diversas tales como la forma de vestir o hablar se consideran indicios de "actividad criminal".

El coordinador de investigación de ILGA, Lucas Ramón Mendos, señaló que en muchas jurisdicciones es mucho más probable que las detenciones se basen en la apariencia o los gestos de una persona que por una actividad ilícita comprobable.

Los datos del informe de ILGA muestran cómo las confesiones, muchas veces extraídas mediante tortura y palizas, o los exámenes anales forzados se han utilizado para generar "pruebas" de actividad sexual consensuada con personas del mismo sexo.

La directora ejecutiva de la organización, Julia Ehrt, indicó que la existencia de estas disposiciones jurídicas contra los colectivos LGBTI supone asimismo una amenaza constante para los solicitantes de asilo que huyen de entornos hostiles.

"El argumento de que estas leyes 'rara vez se aplican' no es suficiente para afirmar que un país es seguro para quienes se encuentran allí y en peligro de persecución", explicó.

“Necesitamos arrojar luz sobre cómo las leyes incriminadoras afectan a millones de personas, y dar voz a esos colectivos que han sido silenciados por los prejuicios y por quienes detentan el poder”, concluye el informe.