La decisión la dio a conocer en un comunicado el fiscal general, Merrick Garland, quien abogó por "aquellos que han progresado en su rehabilitación y han cumplido con las condiciones del confinamiento domiciliario".

En marzo de 2020, bajo la Administración del entonces presidente Donald Trump (2017-2021), la oficina del fiscal general ordenó a la Oficina Federal de Prisiones (BOP, en sus siglas en inglés) conceder el confinamiento domiciliario a ciertos reclusos para evitar la propagación de la pandemia del coronavirus.

Desde entonces, según detalló la BOP en su web, 36.014 reclusos han sido enviados a reclusión domiciliaria, de los cuales 7.776 aún permanecen bajo esa condición.

En enero pasado, antes de que concluyera el mandato de Trump, la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia determinó que al concluir la pandemia la oficina de prisiones debía requerir a los beneficiados que volvieran a los centros de reclusión, indicó la cadena CNN.

Pero Garland se reunió este martes con varios reclusos para conocer su experiencia tras ser remitidos a confinamiento domiciliario bajo las disposiciones de la ley de ayuda, alivio y seguridad económica (conocida como Ley Cares) promulgada en marzo de 2020 para encarar el impacto de la pandemia, según el diario The Washington Post.

"Miles de personas en reclusión domiciliaria se han vuelto a conectar con sus familias, han encontrado un empleo remunerado y han seguido las normas", señaló Garland en el comunicado.

Indicó que ha ordenado al Departamento de Justicia que trabaje en la elaboración de normas para garantizar que cumplan "con la letra y el espíritu de la Ley Cares".

En ese contexto, afirmó que ejercerán su autoridad para que quienes han cumplido su rehabilitación y las condiciones del confinamiento domiciliario puedan "tener la oportunidad de continuar con la transición de regreso a la sociedad" y "no sean devueltos innecesariamente a prisión".