De esta forma, el proyecto que busca que no se pueda plantar en determinados campos del país, presentado por el derechista Cabildo Abierto (CA), uno de los socios de la coalición de Gobierno, y apoyado por el Frente Amplio (FA), la coalición de izquierdas que gobernó en Uruguay entre 2005 y 2020 y hoy principal opositor nacional, no podrá seguir adelante.

"A mí no me asustan los vetos", aseguró a Efe la senadora del centoderechista Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi, quien agregó que estos son "mecanismos constitucionales".

También, destacó que cuando Lacalle Pou -integrante de su misma fuerza política- dice una cosa "es muy difícil que cambie" porque es un hecho antes "pensó mucho lo que tenía que hacer".

En esta oportunidad, el presidente había anunciado que vetaría la ley antes de que esta fuera votada en la Cámara de Senadores el pasado 15 de diciembre.

Por otra parte, Bianchi dijo que hubo "puro oportunismo" del FA al votar este proyecto y que lo hizo "con la intención de fisurar la coalición".

En su misma línea, Eduardo Lust, diputado de CA, indicó a Efe que no sabe si el FA "votó convencido de la ley o quiso buscar una grieta", aunque resaltó que eso lo tiene sin cuidado.

"El Poder Ejecutivo dentro de las competencias que tiene de observar la ley, como dice la Constitución, la vetó porque cree que el tema forestal es el más importante, que la producción de celulosa es lo más importante", puntualizó.

Además, apuntó que el Ejecutivo "sacó un decreto sustitutivo" que aumenta de 4,5 millones a 6 millones las hectáreas en las que se puede forestar, algo que rechaza "rotundamente".

El veto del Ejecutivo cita en varias partes a la Constitución Nacional y resalta el artículo que indica: "Toda persona puede dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o cualquier otra actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establezcan las leyes".

De acuerdo con esto, agrega que "esas limitaciones deben explicitarse y motivarse claramente", algo que, a juicio del Ejecutivo, "no se cumple en el proyecto de ley".

Por otra parte, reza que con este proyecto "resulta notoria e innecesariamente afectada la libertad de producción" y añade que, con su aprobación, "los productores no podrían elegir el destino productivo de sus tierras en el marco de las regulaciones vigentes".

Aunque la Constitución uruguaya no reconoce el término "veto", su artículo 137 establece que si el Ejecutivo tiene "objeciones que oponer u observaciones que hacer" a un proyecto de ley recibido, las enviará a la Asamblea General que, según el artículo 138, hará "lo que decidan los tres quintos" de los miembros presentes de las Cámaras.