El informe explica que los militares liderados por el general Min Aung Hlaing pusieron fin a la transición democrática de Birmania (Myanmar) al tomar el poder en un golpe de Estado el 1 de febrero de 2021 y detener a la líder del país, Aung San Suu Kyi, y parte de su Gobierno.
Según la ONG, los policías y soldados birmanos han matado al menos a 1.200 civiles, en su mayoría manifestantes, incluidos 75 niños, y han detenido a 8,700 funcionarios, activistas y periodistas, al tiempo que han exacerbado el conflicto en las áreas étnicas.
Entre los abusos que considera crímenes contra la humanidad, HRW cita "torturas, grave privación de libertad, desapariciones forzosas, violaciones y otros abusos sexuales y trato inhumano".
El informe recoge la amenaza de las autoridades castrenses en canal oficialista MRTV con motivo del día de las fuerzas armadas el 27 de marzo cuando dijeron que los manifestantes "deberían aprender de la tragedia de muertes anteriores y podéis exponeros al peligro de disparos a la cabeza y por la espalda".
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Las matanzas de manifestantes desarmados se multiplicaron en diversas ciudades birmanas, incluidos los al menos 82 muertos en un asalto militar de madrugada contra unas barricadas en un barrio de la ciudad de Bago el 9 de abril.
Desde el golpe militar, el Ejército también ha incrementado los ataques contra las guerrillas étnicas y ha usado la artillería para bombardear de manera "indiscriminada" objetivos civiles como aldeas, escuelas e iglesias, causando heridos y muertos y el desplazamiento de miles de personas.
CENSURA DE INTERNET Y PERSECUCIÓN DE PERIODISTAS
Los militares han censurado internet, retirado licencias a siete medios y detenido al menos a 98 periodistas, según datos de la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos birmana.
En medio de huelgas y un movimiento de desobediencia civil, las fuerzas birmanas ha atacado a al menos 260 trabajadores sanitarios, de los que han muerto unos 20, mientras que la ONU ha advertido que el debilitamiento del sistema sanitario han comprometido la campaña contra la covid-19.
HRW señala que los soldados también han sido acusados de dificultar la llegada de ayuda humanitaria en zonas de las minorías étnicas, al tiempo que la ONU advierte de que el número de personas necesitadas pasaron de un millón a tres millones tras el golpe.
Algunas milicias civiles formadas tras el golpe también han cometido atentados contra infraestructuras y matado a civiles que apoyaban a la junta militar, según el informe.
El golpe militar también ha afectado a la perseguida minoría rohinyá, víctima de campañas de limpieza étnica en 2016 y 2017 y que vive sometida a una grave discriminación en el estado Rakáin, donde 130.000 miembros de esta comunidad están hacinados en campos de desplazados.
El informe subraya que el Consejo de Seguridad de la ONU no ha llegado a un acuerdo para imponer un embargo de armas a la junta militar, a pesar de que así lo pidió una mayoría da la Asamblea General de la ONU en una resolución no vinculante.
También explica que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido han aprobado sanciones contra los líderes militares y sus compañías, pero no contra las empresas petrolíferas y de gas que son la principal fuente de financiación de los uniformados.
Los militares birmanos justifican el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre de 2020 que ganó por amplia mayoría el partido de Suu Kyi, como ya hizo cinco años antes, con el aval de los observadores internacionales.