El Ejecutivo del presidente Daniel Ortega pidió la ilegalización de la Asociación Pro-Universidad Agropecuaria de la Quinta Región, de la Asociación Pro-Universidad de Jinotega, y de la Fundación Universidad de Mobile Latinoamericana Campus (Fumlac), según la iniciativa que será discutida el miércoles en el plenario.
Según Gobernación, las dos primeras asociaciones no están inscritas en el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, pese a que se les aprobó la personalidad jurídica desde 1993.
En el caso de Fumlac, según el informe oficial, se encuentra acéfala desde el 30 de noviembre de 2006 y no ha reportado sus estados financieros correspondiente al período 2004-2020 con sus desgloses detallados, ingresos, egresos, balanza de comprobación, origen y detalles de donaciones, proveniencia y beneficiario final.
Esas tres asociaciones, de acuerdo con Gobernación, violan la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la Ley contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo, y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los bienes y acciones que pertenezcan a las dos asociaciones y a la fundación tendrán, previa liquidación, el destino previsto en el acto constitutivo o en su estatuto, y si nada se hubiera dispuesto sobre ello, estos pasarán a ser propiedad del Estado, de acuerdo con la iniciativa.
En Nicaragua, el Ejecutivo de Ortega, con el voto de los diputados sandinistas y sus aliados que son mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (Parlamento), han ilegalizado al menos 61 ONG nicaragüenses desde diciembre de 2018.
El Ministerio de Gobernación también ha cancelado los registros y números perpetuos de tres ONG estadounidenses y tres europeas.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión.