La norma fue exhibida en la Asamblea Nacional de Cuba (Parlamento unicameral).

“Es un texto pionero en cuanto al establecimiento de los derechos de la ciudadanía a una alimentación sana y adecuada, pues promueve el consumo de bienes y servicios que garantizan una mayor calidad de vida”, defendió Mayra Cruz Legón, directora jurídica del Ministerio de la Agricultura (Minag).

El Gobierno cubano presentó la norma el viernes de la semana pasada al cuerpo diplomático acreditado.

La propuesta llega en medio de una grave crisis económica en la que escasean productos básicos como alimentos y medicinas.

El ministro de Agricultura, Ydael Pérez, explicó que La Habana busca sustituir la importación de alimentos e insumos por motivos económicos y de seguridad alimentaria.

Pérez añadió que entre las prioridades del programa está producir "alimentos de calidad" y elevar la producción con la participación de "todos los sectores", en referencia a la incipiente iniciativa privada frutos de las reformas económicas.

Por su parte, el asesor del Gobierno cubano para implementar esta normativa, el intelectual brasileño Frei Betto, aseguró ante los diplomáticos que "en Cuba no hay hambre, pero hay riesgo de inseguridad alimentaria".

La isla (11,2 millones de habitantes) importa entre el 60 y el 70 % de los alimentos que consume con un gasto aproximado que supera los 2.000 millones de dólares anuales, refirió Betto citando datos oficiales.

El Estado cubano mantiene desde hace más de 50 años una cartilla de racionamiento subvencionada, que aunque ha visto muy menguada su lista de productos, todavía incluye la venta de arroz, granos, azúcar, 80 gramos de pan diarios por persona y 10 huevos al mes a precios simbólicos.