“La decisión de las Fuerzas de Seguridad de abrir fuego contra manifestantes y residentes pacíficos es totalmente injustificable”, dijo a través de un comunicado el secretario general de la CTDDH, Mahamat Nour Ahmat Ibédou.

El pasado 24 de enero, las fuerzas de Ejército "dispersaron de manera violenta" una manifestación convocada en la capital regional, Abéché, para protestar contra el nombramiento de un nuevo líder tradicional de la etnia Beni Halba, que algunos perciben que pondría en cuestión el poder del mandatario que ya gobierna la ciudad, llamado sultán, y que proviene de la comunidad de Ouaddaï.

Los soldados abrieron fuego ese día contra los manifestantes y mataron a tres personas, mientras 40 resultaron heridas, y dispararon de nuevo "de manera indiscriminada" al día siguiente, durante el entierro de las primeras víctimas, en un ataque en el que perdieron la vida otras diez personas y 40 fueron heridas.

Según HRW y CTDDH, los soldados implicados en la represión parecían ser miembros del Ejército chadiano y de la Fuerza Mixta, una unidad militar que incluye efectivos de este país africano y del vecino Sudán.

Durante las protestas, las fuerzas de seguridad arrestaron además a 212 personas, "algunas de manera arbitraria", que sufrieron maltratos físicos y condiciones inhumanas de detención que se alargaron hasta cinco días sin cargos.

Abderaman Koulamallah, ministro de Comunicaciones chadiano y portavoz del Gobierno lamentó en un comunicado el 26 de enero la "pérdida de vidas humanas" pero negó después en declaraciones a medios el uso de armas de fuego contra la población.

Más tarde, aseguró que el día de la protesta se habían incautado varias armas a los manifestantes, como cuchillos, granadas, flechas y pistolas de diferentes calibres, unas afirmaciones que no concuerdan con la investigación de las dos organizaciones.

Las telecomunicaciones e internet permanecieron cortadas en Abéché entre el 24 y el 28 de enero, haciendo casi imposible el seguimiento de los hechos, denunciaron las organizaciones.

Días después de los hechos, varios ministros chadianos visitaron Abéché para hablar con las familias de los fallecidos y les entregaron una compensación económica.

Aunque el pasado 4 de febrero, Koulamallah declaró que la Policía había abierto una investigación sobre las muertes, los resultados aún no se han hecho públicos.

Este episodio violento fue condenado no solo por organizaciones locales, sino también por la comunidad internacional, que rechazó el uso de munición real contra manifestantes en un comunicado firmado por la Unión Europea y las misiones diplomáticas de Canadá, Francia, España, Alemania y los Estados Unidos, entre otros.

Chad se encuentra bajo el poder de una junta militar que asumió el poder el pasado 20 de abril, tras anunciar la muerte del presidente Idriss Déby, que falleció por la gravedad de las heridas sufridas en combates contra rebeldes, según la versión oficial.

Después de tomar el poder, el Consejo Militar de Transición (CMT), liderado por Mahamat Idriss Déby, de 38 años e hijo del difunto presidente, anuló la Constitución y disolvió el Gobierno y el Parlamento.

El CMT anunció el pasado 27 de enero el aplazamiento al próximo mes de mayo del inicio de un “diálogo nacional inclusivo” para trazar una hoja de ruta sobre el futuro del país.