Simán publicó esto en redes sociales en momentos en que el Gobierno ha tomado el control de unidades del transporte colectivo tras la detención de un empresario por supuestamente incrementar las tarifas, pero que la Fiscalía acusa de "resistencia".
De acuerdo con Simán, el artículo 110 de la Constitución "permite al Gobierno suspender el derecho de un privado a brindar un servicio público, pero no lo faculta a confiscar sus bienes para brindar el servicio. Eso es confiscación y lo prohíbe expresamente el artículo 106".
La noche del sábado, la Policía detuvo al transportista Catalino Miranda, uno de los líderes de este sector, y las autoridades de Transporte le suspendieron los permisos y un subsidio a 293 unidades de la empresa que encabeza.
Pese a que le fueron retirados los permisos a estos autobuses y microbuses, el ministro de la Defensa, René Merino, anunció que serían conducidos por militares.
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El presidente Nayib Bukele señaló este domingo en Twitter que "el último párrafo del artículo 110 de la Constitución deja clara la solución".
Esta sección de la Carta Magna salvadoreña señala que "el Estado podrá tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan".
Posteriormente, el presidente también mencionó el artículo 112 que indica que "el Estado podrá administrar las empresas que presten servicios esenciales a la comunidad, con el objeto de mantener la continuidad de los servicios, cuando los propietarios o empresarios se resistan a acatar las disposiciones legales sobre organización económica y social".
Bukele pidió a su ministro de la Defensa que "prepare más conductores", dado que "si más transportistas se van a paro, habrá que intervenir todas esas unidades también".
La detención de Miranda se dio horas después de que el Gobierno enviara al Congreso un paquete de reformas que buscan paliar la inflación.
"Les dijimos a los transportistas: No jueguen con fuego. Pero no escucharon (...) solo tienen que respetar la ley cobrando el pasaje acordado y legal, solo eso", publicó el presidente salvadoreño la noche del sábado en redes sociales.
Entre las medidas, según reportes de la prensa local, se encuentran penas de prisión por el aumento del precio del transporte público sin autorización del Gobierno.
Del paquete propuesto por el Gobierno, el Congreso aprobó este domingo en una sesión extraordinaria la suspensión por tres meses de dos impuestos a las gasolinas, que reducirían su precio en 26 centavos de dólar, y del arancel de importación de alimentos.