Dos semanas después de que el Senado publicase un informe sobre "la creciente influencia de las consultoras en las políticas públicas", la ministra de la Función Pública, Amélie de Montchalin, y el secretario de Estado de Hacienda, Olivier Dussopt, negaron en una rueda de prensa irregularidades en los contratos con este tipo de compañías, entre las que destaca McKinsey por el número de contratos adjudicados.
"Como es lógico y normal el Gobierno ha hecho un ejercicio de transparencia en todo lo que se nos pidió (el Senado), fueron comunicados miles de correos electrónicos entre los agentes políticos y los consultores (...) No tenemos nada que esconder, hemos respetado las reglas", aseveró Dussopt.
De acuerdo con el Secretario de Estado, Francia gastó casi 900 millones de euros en 2021 en contratar varias consultoras privadas -no solo McKinsey- para áreas asesorar el sector público en áreas como la informática. Según Dussopt, lo gastado con McKinsey representa en 2021 apenas un 2 % de los gastos globales en consultores externos.
El informe del Senado, que recogió más de 7.300 documentos, concluyó que "la influencia de las consultoras en las políticas públicas quedó demostrada" y recomendó una veintena de medidas para "acabar con la opacidad en la prestación de consultores" y "mejorar las reglas deontológicas" para que se protejan mejor los datos del Estado.
Según los senadores, el Ejecutivo de Macron ha doblado sus gastos en contratar servicios a consultores privados desde 2018.
Parte de la oposición y los sindicatos han censurado al Gobierno por recurrir especialmente a McKinsey, al que se le reprocha haber evadido impuestos en Francia y que en Estados Unidos fue condenado a pagar 573 millones de dólares por su papel al ayudar a difundir y acelerar la venta de opioides.
También afean a Macron que altos cargos de McKinsey en Francia hayan pasado a su partido.
La ministra De Montchalin aclaró que las decisiones políticas "nunca" las adoptan las consultoras y detalló que la contratación por parte del sector público de estas empresas "no es nueva" y data de al menos de 2005.
"El Estado no es omnipotente, no puedo hacerlo todo", ahondó la ministra, quien asumió que el sector público necesita de asesoramiento en temas en los que no tiene las competencias exigidas.
Asimismo, censuró las informaciones falsas que circulan en las redes sociales sobre la relación del Gobierno con McKinsey. "En ninguna parte del informe está escrito que gastamos 1.000 millones con McKinsey", ahondó.