El comunicador, exdirector de la revista política ContraPoder, indicó en su programa de radio "Con Criterio" y en sus redes sociales que la decisión no es definitiva y que confía en "volver pronto" a Guatemala.
"En este momento de tanta tensión, provocada por denuncias espurias, he optado por poner distancia", expuso Font.
"Salgo de Guatemala sin tener ni citaciones ni procesos pendientes de resolver con la Justicia", añadió el periodista.
Font, de 55 años, había sido arraigado en 2021 por un caso que se encuentra bajo reserva y del cual el Ministerio Público (MP, Fiscalía) no ha brindado información.
Sin embargo, la medida en contra del periodista quedó sin efecto y el comunicador ha defendido su inocencia en varias ocasiones desde que estuvo al tanto de que el Ministerio Público presuntamente llevaba un caso en su contra.
El periodista, exdirector del matutino El Periódico y de la revista política ContraPoder, puso en diciembre a disposición de las autoridades todos sus ingresos y egresos durante los últimos años, para demostrar que no hay irregularidades en sus estados financieros.
De acuerdo con medios locales, la acusación sobre Font se debe a que el exministro de Comunicaciones durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), Alejandro Sinibaldi, aseguró haberle entregado alrededor de 200.000 dólares entre 2012 y 2014.
Sinibaldi se encuentra en prisión acusado de haberse apropiado de más de 50 millones de dólares en diversos casos de corrupción en la Administración de Pérez Molina.
La salida de Font del país es la primera de un periodista reciente, pero se suma a las de 15 operadores de Justicia, entre fiscales y jueces, que han dejado Guatemala en los últimos meses y años debido a la persecución política en su contra por su protagonismo en la lucha anticorrupción entre 2014 y 2020.
En aquella histórica lucha anticorrupción, más de 200 políticos y miembros de la élite empresarial fueron imputados por docenas de casos de sobornos, lavado de dinero, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, de acuerdo con el Ministerio Público y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
"Seguiré comprometido con mi labor periodística y, gracias a la tecnología, también activo en los programas usuales", añadió Font.
El Ministerio Público guatemalteco se encuentra bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada en septiembre pasado por Estados Unidos con la prohibición de ingresar a su territorio debido a la "obstrucción de la justicia" en casos de alto impacto en Guatemala.