Las dos iniciativas recibieron el apoyo unánime de los partidos demócrata y republicano, que están unidos en su animadversión hacia el presidente ruso, Vladímir Putin.
Ambos proyectos habían recibido ya el respaldo de la Cámara Baja y ahora solo queda que Biden estampe su rúbrica para que se conviertan en leyes.
Biden ya había tomado el mes pasado medidas para aplicar algunas de esas restricciones.
En concreto, el mandatario pidió el 10 de marzo al Congreso estadounidense que retirara a Rusia el trato denominado de "nación más favorecida", uno de los principios fundamentales por el que vela la Organización Mundial del Comercio (OMC).
En Estados Unidos, la retirada de ese estatus se entiende como una suspensión de las relaciones comerciales normales con ese país.
Esa medida se tomó en coordinación con el resto de países miembros del G7 y con la Unión Europea (UE).
En la práctica, la medida supondría que EE.UU. y el resto de países podrán aplicar impuestos a las importaciones (aranceles) de Rusia al nivel que lo deseen, denegar a firmas rusas acceso a sus mercados de servicios y no proteger sus derechos de propiedad intelectual.
Además, Biden también anunció el 8 de marzo un veto a las importaciones de petróleo, gas natural y carbón de Rusia, en represalia por la invasión a Ucrania.
Demócratas y republicanos habían presionado al mandatario para que tomara esa medida y, una vez que la anunció, empezaron a negociar para materializarla en una ley.
Convertir en ley el veto a la energía rusa significa que la medida podría durar más tiempo, ya que Biden no tendrá el poder de retirar ese castigo sin el apoyo del Congreso.
Desde el punto de vista energético, EE.UU. depende mucho menos que Europa de Rusia y solo importa el 8 % del petróleo que consume de ese país, por lo que puede sustituirlo con producción interna o importaciones de otras naciones.
Rusia tampoco es uno de los principales socios comerciales de EE.UU., pero el intercambio bilateral es notable: en 2019, las exportaciones rusas al país norteamericano ascendieron a 22.300 millones de dólares, según la Oficina del Representante de Comercio estadounidense.