Según la defensa, liderada por el abogado Dali Mpofu, Zuma no estaba en "condiciones" para acudir en persona al Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este de Sudáfrica) debido a una "emergencia" de última hora -cuyos detalles no fueron revelados- y aseguró que presentarán los debidos informes médicos durante esta jornada.
Pese a la sorpresa generada por la incomparecencia, el juez que preside esta causa, Piet Koen, permitió que la sesión se celebrara en su ausencia para debatir una nueva petición de aplazamiento del comienzo del proceso -que debería haber empezado en 2021- interpuesta por la defensa.
Ya este domingo, el portavoz de la fundación del expresidente, Mzwanele Manyi, había anunciado en una comparecencia de prensa que la defensa intentaría de nuevo retrasar el comienzo del juicio "sine die", bajo el argumento de que la defensa tiene procesos pendientes en su intento de apartar al fiscal de la causa, Billy Downer.
La recusación de Downer ya fue discutida en Pietermaritzburg y rechazada por el juez Koen en febrero pasado, que determinó que no era en interés de la justicia retrasar más el comienzo del juicio.
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Pero la defensa inició a partir de entonces otras medidas -como intentar que instancias superiores revocaran el veredicto de Koen o una querella separada contra Downer-, ya que sostiene que Downer no es imparcial contra Zuma y que el expresidente no tendrá un juicio justo.
La Fiscalía, por su parte, rechaza rotundamente estos argumentos y que se concedan nuevos aplazamientos, al considerar que la defensa solo busca con sus tácticas retrasar el juicio.
En el juicio del acuerdo de armas, a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude en relación a un acuerdo millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
En concreto, al expresidente se le acusa de haber recibido sobornos millonarios con la intermediación de un asesor financiero.
En paralelo a esta causa, Zuma es el centro de una gran investigación, conocida como la "Captura del Estado", que estudia la presunta extensa corrupción que se adueñó del aparato público sudafricano mientras él fue presidente.
En esa investigación, Zuma se negó repetidamente a declarar y eso le ocasionó una pena de prisión por desacato en 2021.