Una fuente del legislativo confirmó a Efe que el plazo venció a las 11:36 de este viernes, pues el Ejecutivo había enviado a esa hora el 15 de marzo el veto para estudio en el Parlamento, que tenía un mes para pronunciarse.

"Ahora le corresponde al Ejecutivo remitir al Registro Oficial" para que entre en vigor de forma automática, señaló la fuente al anotar que pasadas las 20:00 horas aún no constaba en el mencionado Registro.

A la entrada en vigor de forma automática se llegó una vez que la Asamblea Nacional eludió este jueves pronunciarse sobre el veto presidencial.

La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, concluyó la sesión en la que se debía analizar la cuestión, después de que la Corte Constitucional se abstuviera de valorar el veto presidencial y conminara al Legislativo a seguir el proceso regular.

Con un escueto "se suspende la sesión, ¡buen feriado!", Llori zanjó cualquier opción de debate parlamentario, sin dar paso a mociones encaminadas a alcanzar una resolución sobre el veto del Ejecutivo a la legislación que regula la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación en el país.

En febrero último, el Parlamento aprobó una legislación que regula el aborto por violación después de que la Corte Constitucional despenalizara esta causal en 2021.

El mes pasado, Lasso anunció su decisión de incluir 61 "textos alternativos" a la normativa discutida en el Legislativo, que tenía 63 artículos, al considerar que ésta supuestamente no concordaba con la sentencia de la alta Corte.

Entre las sugerencias del mandatario de tendencia conservadora, figuran que se unifique el plazo de doce semanas en casos de aborto por violación y no aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.

Asimismo propuso "requisitos" para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual.

En Ecuador el aborto está despenalizado, además, en los casos en los que la vida de la mujer esté en riesgo o cuando el embarazo es producto de una violación a una mujer en situación de discapacidad intelectual.

Una vez que quede asentado el veto en el Registro Oficial iniciarán acciones para intentar revertir la acción.

“Vamos a seguir peleando; una vez que entre por el ministerio de la Ley como quiso LLori-atropellando los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres del Ecuador- presentaremos una demanda de inconstitucionalidad”, avanzó en twitter el asambleísta Alejandro Jaramillo, de la Comisión de Justicia.