En una carta pública difundida este lunes, encabezada por el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, exiliado en España, aluden a una eventual reanudación del comercio petrolero entre Venezuela y EE.UU. debido a la crisis energética causada por la guerra de Ucrania.
Los 68 firmantes se muestran preocupados sobre los riesgos de que instituciones de EE.UU. terminen “apañando a uno de los regímenes más criminales que ha conocido la historia de la humanidad”, y se refieren a los “tiranos” venezolanos Hugo Chávez (ya fallecido), que gobernó entre 1999 y 2013, y el actual presidente, Nicolás Maduro.
El "régimen" venezolano, argumentan, está "en connivencia con el eje ruso, cubano, iraní y coludido con cárteles de drogas y grupos narcoguerrilleros". Venezuela ya no es un Estado de derecho, aseguran, "sino un narcoestado, por lo tanto fallido y forajido a la vez".
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En estas circunstancias, explican, "necesidades coyunturales de determinados factores pretenden convertir a las instituciones de EE. UU. en encubridores del asesinato a sangre fría de cientos de ciudadanos", así que instan a Biden a que no permita que su país se convierta en "cómplice de estos crímenes".
Rechazan que se relajen las sanciones internacionales impuestas al Gobierno y jerarcas venezolanos, pues son un mecanismo "pertinente" y, gracias a estas, "se limitó la capacidad de financiamiento" del "régimen madurista".
Consideran que la pobreza y la emigración masiva de los venezolanos no se deben a esas sanciones, sino a los "robos" de los dineros destinados a mejorar el sistema eléctrico, los hospitales, los acueductos, las vías de comunicación, las escuelas y universidades. "El robo ha sido descomunal, se asegura que supera los 600.000 millones de dólares", según la carta.
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Por todo ello, los firmantes piden que “se mantengan y profundicen las sanciones personalizadas contra los depredadores de los bienes públicos y contra los responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, más ahora cuando la Unión Europea y EE. UU. las impulsan contra la masacre que ejecuta (el presidente ruso) Vladímir Putin contra pueblo ucraniano”.
Igualmente, defienden que se mantenga el cerco al narcotráfico y sus jefes en Venezuela; que prosigan los juicios contra responsables de “insólitas estafas” (citan al empresario Alex Saab, extraditado a EE. UU. desde Cabo Verde acusado de blanqueo de capitales); que respalde la investigación de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad; y exigen la liberación de “presos políticos” civiles y militares.
Entre los firmantes figuran la exdiputada María Corina Machado, el editor Miguel Otero, el excanciller Humberto Calderón, varios ex ministros, como Carlos Blanco y Virginia Olivo, y el presidente de la Asociación Salvavidas para Venezuela, William Cárdenas.