El Supremo confirmó hoy una condena anterior de un Tribunal de Apelación, que sentenció al comandante Marco Kroonen 2020 a servicio comunitario de 80 horas y una multa de 120 euros, como castigo por orinar en la vía pública, insultar a una agente y darle un cabezazo a otro policía, un fallo contra el que el militar apeló ante el Supremo.
Kroon, que tiene el galardón más antiguo de Países Bajos “la Orden Militar de Guillermo”, tuvo un desencuentro con la Policía en marzo de 2019, cuando lo intentaron multar por orinar contra una valla en Bolduque durante una fiesta de carnaval, vestido con un traje de rana, y el comandante les mostró sus genitales y le dio un cabezazo a un agente.
Durante el proceso judicial, la Defensa de Kroon argumentó que su cliente tiene “problemas urológicos” y que no había suficientes baños públicos en el centro de Den Bosch, pero el tribunal dictaminó que sí los había y que el argumento del militar no le exime de la responsabilidad por su abuso de varios funcionarios durante el ejercicio de su trabajo.
“No se ha demostrado que los baños fueran insuficientes, ni siquiera para las personas con la afección que padece el sospechoso (…) no se puede esperar que el municipio se asegure de que haya tantos baños durante el carnaval que alguien con un problema urológico nunca tenga que esperar mucho”, señaló el Supremo.
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Además, la Corte lamentó que Kroon no tuvo en cuenta sus problemas de vejiga durante su participación en las fiesta, puesto que, “sabiendo que su estado se agrava por beber alcohol, optó por beber varias cañas de cerveza esa noche”.
No cabe recurso contra la decisión emitida hoy del Tribunal Supremo.
Después de la imputación de Kroon por parte de la fiscalía en 2019, el Ministerio de Defensa decidió suspenderle durante 14 meses, y le prohibió acudir a su puesto de trabajo y usar el uniforme, lo que quedó anotado en su expediente.
Kroon es uno de los tres portadores vivos de la Orden Militar de Guillermo en Países Bajos y se le concedió en 2009 por su servicio como oficial en tiroteos con los talibanes en la provincia afgana de Uruzgán, aunque fue desacreditado de forma reiterada por diferentes incidentes, entre ellos por su dudoso papel durante un supuesto secuestro en Afganistán.
En 2011 fue absuelto de un cargo de posesión de drogas, pero fue multado con 750 euros y servicio comunitario por tenencia de armas, puesto que poseía un aparato de electrochoque en un bar que regentaba un año antes.