Las dos nuevas leyes fueron aprobadas este martes en la última reunión del Gabinete de Gobierno presidido por Moon antes de que el presidente surcoreano ceda el cargo al presidente electo Yoon Suk-yeol, del opositor Partido del Poder Popular (PPP), cuya investidura está prevista el próximo día 10.
La propuesta impulsada por el gobernante Partido Democrático (PD) de Moon está dirigida a eliminar toda capacidad para investigar delitos del ministerio público, al que muchos en el país asiático han acusado de tener un poder excesivo utilizado con fines políticos y en beneficio propio por los fiscales.
La formación, que tiene mayoría parlamentaria, ha validado la reforma legislativa -sin consensuar el texto con la oposición conservadora- en el hemiciclo y ha permitido así al Gobierno promulgarla antes de que Moon deje su cargo la semana que viene, evitando así la posibilidad de que su sucesor vete el texto.
El presidente saliente ha afirmado que la reforma legislativa aspira a resolver las "preocupaciones sobre neutralidad política y justicia selectiva por parte de las investigaciones de la fiscalía".
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La primera de las nuevas leyes limita el alcance de las investigaciones adicionales que puede llevar a cabo el ministerio público ante supuestos delitos, mientras que la segunda reduce las competencias de los fiscales para permitirles investigar únicamente dos categorías de crímenes, corrupción y delitos económicos, como paso previo a su eliminación total.
El portavoz parlamentario del PPP, Park Hyeung-soo, afirmó hoy que las nuevas leyes causarán una "ineficiencia extrema" que amenaza con suponer el "colapso del sistema judicial" y "la muerte de la democracia y del estado de derecho", en declaraciones recogidas por la agencia local Yonhap.
La reforma, que entrará en vigor cuatro meses después de su aprobación por parte del parlamento y del Ejecutivo, también ha suscitado el rechazo del ministerio público, que hoy mismo instó al presidente Moon a retirarla y a promover en su lugar "una deliberación en profundidad sobre la revisión del sistema de justicia penal".
El fiscal general surcoreano, Kim Oh-soo, presentó su dimisión el pasado 17 de abril en protesta por la propuesta legislativa del Ejecutivo, aunque su renuncia no fue aceptada por el presidente Moon.