Con 276 votos a favor, 275 en contra y 33 abstenciones, la Eurocámara expresó este jueves su "profunda preocupación" por las presuntas extracciones forzadas persistentes, sistemáticas e "inhumanas" autorizadas por el Estado y pidió a las autoridades chinas que respondan rápidamente a las acusaciones.

El PE reclamó al Gobierno del presidente Xi Jinping que aumente la rendición de cuentas y la transparencia del sistema de trasplantes, que castigue a los responsables de los abusos y que permita un control independiente por parte de organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Además, insistió en que extraer sin consentimiento órganos de personas condenadas a muerte y de presos de conciencia podría constituir un crimen de lesa humanidad, tal y como lo define el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al que no está adherida la República Popular China.

En este sentido, los eurodiputados recordaron que, aunque la potencia asiática no haya aprobado dicho tratado, sí ha ratificado la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (UNCAT, por sus siglas en inglés) de la ONU, que establece la prohibición "absoluta e inderogable" de estas prácticas.

En la discusión sobre los informes presentados ante la Eurocámara, que tuvo lugar este miércoles, la comisaria europea de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, transmitió la "inquietud" del Ejecutivo comunitario e insistió en que el incumplimiento de derechos humanos es un asunto lesivo para las relaciones entre China y la Unión Europea.

"Cada vez más nos damos cuenta de la urgencia del problema, porque cada vez más hay más entidades que nos ofrecen pruebas convincentes de la existencia de esta extracción forzada de órganos en China. Condenamos estas prácticas carentes de toda ética", aseveró la comisaria.

Urpilainen lamentó los "fracasos" en los intentos de diálogo sobre derechos humanos con China, que desembocaron en marzo de 2021 en las primeras sanciones impuestas por Bruselas contra Pekín desde el embargo de armas decretado tras la masacre de Tiananmen en 1989.

A este respecto, el PE consideró en su resolución que el Gobierno chino se ha vuelto cada vez más "hostil" contra el Estado de Derecho desde que Xi asumió el poder en marzo de 2013.

Sin embargo, la comisaria aseguró que, pese a las tensiones y las medidas de represalia, la Comisión Europea seguirá abordando esta materia en sus relaciones bilaterales con el gigante asiático, así como en foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU o la Tercera Comisión de la Asamblea General.

"Cuando se trata de derechos humanos, pueden ustedes estar seguros de que no nos callaremos ni haremos la vista gorda en nuestras relaciones con China", sentenció Urpilainen.