Así lo confirmaron a Efe fuentes del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), que indicaron que esta será analizada el martes para posteriormente dar una respuesta.
La empresa de accionariado chileno y canadiense, una de las dos que operan en el Puerto de Montevideo -junto a la belga Katoen Natie, que posee el 80 % de la Terminal Cuenca del Plata (TCP), que en su otro 20 % es de la Administración Nacional de Puertos (ANP)-, informó sobre su voluntad de despedir a 150 trabajadores.
De acuerdo con esto, desde el Supra puntualizaron que la fórmula planteada por el Ministerio es que los empleados reciban un subsidio especial de dinero por un año.
Por otra parte, dijeron que las personas que continuarán trabajando en la empresa lo harán sin las garantías de mantener su salario, algo que ya plantearon durante la reunión vespertina con autoridades de la cartera.
En diciembre de 2021, los trabajadores de Montecon llegaron a un acuerdo con la compañía cuando se preparaban para llevar a cabo un paro al entender que "no tenían asegurada ninguna de las propuestas" que habían hecho para mantener sus condiciones laborales.
"Estamos generando un acuerdo con la empresa para ganar un poco de tiempo para ver las decisiones del Gobierno. En cierta forma, ambas partes dependemos de lo que decida el Gobierno", dijo en ese momento Martín García, presidente del sindicato de empleados de Montecon.
El pasado 27 de abril, dos empresas accionistas del mencionado operador portuario dieron inicio a los mecanismos de solución de controversias previstos en los Tratados de Promoción y Protección de Inversiones acordados por Uruguay con Chile y Canadá, al argumentar que el país suramericano atenta "contra la libre competencia".
Un comunicado, emitido por Montecon, explicaba que el problema tiene su origen en las medidas adoptadas por Uruguay al suscribir un acuerdo con Katoen Natie.
La empresa belga anunció en marzo de 2021 una operación por valor de 455 millones de dólares para la expansión de la Terminal Especializada de Contenedores del Puerto de Montevideo.
Además, las partes acordaron la extensión de la concesión (iniciada en 2001 y por 30 años) por 50 años más (hasta 2081) y que Katoen Natie diera por concluido el diferendo que tuvo con el Estado uruguayo "por infracciones" al Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Bélgica-Luxemburgo y Uruguay.
La empresa había anunciado en octubre de 2019 la intención de demandar al Estado uruguayo por el "daño" causado "al favorecer, fomentar y tolerar la existencia de una terminal por fuera del régimen legal aplicable", gestionada por otro operador.