"Hasta el momento se está investigando la legalidad de la operación y la proporcionalidad en el uso de la fuerza. La alta letalidad de la operación levanta la sospecha de que pudo haber sido cometida una matanza", asegura una nota divulgada en conjunto por la Contraloría y por el Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría Pública del estado de Río de Janeiro.
El organismo fiscalizador dijo haber acompañado la operación realizada en la madrugada por fuerzas policiales con la supuesta intención de arrestar a miembros de un poderoso grupo criminal y que terminó con 22 muertos, entre los cuales 21 supuestos miembros de bandas criminales y una mujer víctima de una bala perdida.
"La eventual participación de algunas de las víctimas en crímenes no autoriza, por si solo, su homicidio por parte de agentes del Estado", agregó la Defensoría, que aclaró que, además de las 22 muertes confirmadas, vecinos de la región aseguran que otras dos personas murieron en el tiroteo.
La operación tuvo como escenario el Complejo de Penha, un gigantesco conjunto de favelas en la zona norte de Río de Janeiro y en la que estarían escondidos líderes del grupo criminal Comando Vermelho, uno de los más importantes de Brasil junto con el Primer Comando de la Capital (PCC).
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El nuevo episodio ocurrió un año después de que una acción policial en otra favela de la zona norte de Río dejara 28 víctimas, con lo que se convirtió en la operación más letal en la historia de esta ciudad. La de este martes fue la tercera más letal.
La Procuraduría General de la República informó que, ante las sospechas de posibles abusos de la policía, que dijo haber reaccionado cuando fue recibida a tiros, abrió una investigación para establecer las circunstancias de las muertes.
También, estableció un plazo de diez días para que las fuerzas que participaron en la operación, que incluyó agentes de la Policía Militarizada, de la Policía Federal y de la Policía de Carreteras, ofrezcan detalles de la planificación de la acción y de todo lo ocurrido.
Además, que interrogarán a todos los agentes responsables por muertes y que intentarán aclarar la licitud de cada una de las acciones. Y ordenó que todas las armas de los agentes involucrados en la operación sean aprehendidas y enviadas para exámenes periciales.
En una primera reacción tras el tiroteo de hoy, Human Rights Watch (HRW) pidió una "inmediata y exhaustiva" investigación de los hechos y denunció que los habitantes de la barriada "pasaron horas aterrorizados". "Río necesita con urgencia una nueva política de seguridad pública que no sea la bala", agregó.