La demanda presentada por el Centro para los Derechos Reproductivos (CRR, en inglés) señala que la ley antiaborto de Florida (la HB 5), aprobada por el Congreso estatal a comienzos de marzo en medio de una gran controversia, pide que los tribunales “impidan que la prohibición entre en vigor el próximo 1 de julio”.

“La prohibición del aborto después de 15 semanas tendría efectos devastadores en el acceso al aborto en el estado”, en momentos en que los floridanos ya enfrentan restricciones onerosas para abortar”, indicó esta organización global en un comunicado.

Entre las “restricciones” ya existentes, señaló el CRR, figuran “la prohibición de planes de seguro en el mercado estatal que cubran el aborto” y el “requisito” de consentimiento de los padres, algo que “dificulta que las jóvenes aborten”.

Otras barreras que afrontan las mujeres que necesitan servicios de interrupción de embarazo son “los retrasos en enterarse de que están embarazadas, la dificultad para pagar la atención médica esencial y la falta de proveedores cercanos”, según la organización.

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“Esta ley rechaza descaradamente la necesidad de los floridanos de atención esencial del aborto y su firme apoyo al derecho a abortar”, dijo Daniel Tilley, director legal de Florida de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU).

Opinó Tilley que esta ley antiaborto “no solo desafía la voluntad de la gente, sino que ignora las circunstancias de la vida real de las personas que necesitan un aborto y las pone deliberadamente en peligro”.

El gobernador de Florida, Ron Desantis, firmó en abril pasado esta ley antiaborto aplaudida por republicanos y grupos provida, pero rechazada por los demócratas y organizaciones civiles.

La nueva ley reduce de 24 a 15 semanas el periodo en que una mujer embarazada puede interrumpir legalmente su embarazo y solo contempla dos excepciones: que la vida de la madre corra peligro y que el feto tenga malformaciones.

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Para Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del CRR, la Corte Suprema de Florida “ha sostenido durante mucho tiempo que la constitución de su estado protege el derecho a interrumpir un embarazo”, es decir, que el derecho al aborto “debe permanecer protegido” en Florida.

“Esta prohibición debe bloquearse”, afirmó Northup.

Los congresistas demócratas defendieron a lo largo del trámite parlamentario que la decisión de abortar solo compete a la mujer en consulta con su médico y expusieron las consecuencias negativas que puede tener en las mujeres pobres y de grupos minoritarios esta ley.