Las mujeres, madre e hija, llegaron con un bebé a Portugal poco después de que estallara la guerra y se instalaron en el centro del país con un contrato de alquiler y de trabajo realizado por las mismas personas.

"El contrato de trabajo incluía exclusividad y plena disponibilidad y si no aceptaban tenían que salir también de la casa aunque pagaban el alquiler", explicó Pedro Neto, director de Amnistía Internacional en Portugal, al canal público RTP.

Neto subrayó la gravedad de la situación para una familia de refugiadas ucranianas "en situación de vulnerabilidad, que no hablaban la lengua y tenían un bebé".

Amnistía denunció el caso al Ministerio Público y logró realojar a la familia aunque sospecha de otros casos similares.

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Según la RTP, las autoridades portuguesas han recibido más de una veintena de denuncias de explotación a refugiados ucranianos y tráfico irregular de personas.