“No hay posibilidad de que sean libres o justas”, subrayó el representante estadounidense durante una sesión especial en el Diálogo Shangri-La, el foro anual sobre seguridad más importante de Asia-Pacífico.
El Ejército birmano tomó el poder el 1 de febrero de 2021 al argumentar un presunto fraude masivo en los comicios de noviembre de 2020, en los que arrasó el partido de la premio nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, detenida por los militares desde las primeras horas de la sublevación.
El general Min Aung Hlaing, autoproclamado primer ministro interino, se comprometió a celebrar unas elecciones organizadas bajo la supervisión del régimen castrense para devolver el poder al pueblo birmano.
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Sin embargo, Chollet considera que, ante el actual clima de conflicto en el que permanece sumido el país desde la asonada, es imposible que se presenten a las votaciones "formaciones opositoras creíbles" que permitan a los votantes elegir libremente un nuevo gobierno.
El consejero de EE.UU., país que ha impuesto decenas de sanciones selectivas contra los militares birmanos y empresas vinculadas al Ejército, señaló que Washington estudia ampliar los castigos contra la junta militar, sin precisar más detalles.
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Chollet también resaltó la necesidad de entablar una mayor relación con el autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), leal a Suu Kyi y que en parte desde el exilio se autodeclara el poder legítimo de Birmania, por parte de los países del Sudeste Asiático, aunque reconoció la dificultades diplomáticas que podría acarrear.
Por su parte, la enviada especial de la ONU para Birmania, Noeleen Heyzer, declaró en la misma sesión que la hipotética falta de “legitimidad” de los futuros comicios organizados por la junta militar “podrían desencadenar episodios de mayor violencia”.
Hayzer, que aún no ha podido viajar a Birmania desde que asumió el cargo en octubre de 2021, subrayó el actual clima de violencia que registra el país, con bombardeos aéreos por parte de los uniformados en las regiones con mayor oposición y la creación de milicias pro junta que atacan poblaciones civiles.
El brazo armado del NUG prosigue con su campaña para atacar al Ejército, con el apoyo en varias regiones de guerrillas étnicas que combaten desde hace décadas a las Fuerzas Armadas de Birmania.
Según cifras de la ONU, más de un millón de personas permanecen desplazadas por los conflictos armados a lo largo del país -unas 320.000 desde antes del golpe de Estado-, mientras que 14,4 millones de birmanos necesita ayuda humanitaria -de los 54 millones de habitantes que tiene el país-.
La enviada especial de la ONU propone el reparto de ayuda humanitaria a todos los actores implicados en el conflicto, y que no solo vaya dirigida a las entidades controladas por los militares y la oposición democrática, sino también interactuar con los diversos grupos étnicos e incluso canales más informales: poblado a poblado.
Al menos 1.929 personas han muerto a raíz de la brutal represión ejercida por policías y soldados, que han llegado a disparar a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, según la ONG birmana Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.