El plan prometido por los gobernadores de estos tres estados, todos ellos de mayoría demócrata, incluye un programa para defender al personal sanitario que trabaja en clínicas de aborto y medidas de apoyo para las mujeres que viajen desde otros estados en los que la práctica está prohibida.

"Trabajaremos duro para proteger sus derechos y su seguridad", insistió en un mensaje en video Gavin Newsom, gobernador de California, el estado más poblado de EE.UU., con casi 40 millones de habitantes.

Inmediatamente después de conocerse el fallo del Supremo del país que anula la protección legal del aborto, Newsom, que en otras ocasiones se ha referido a California como un "santuario" para los derechos reproductivos, publicó un mensaje en video junto a los gobernadores de Washington, Jay Inslee, y Oregón, Kate Brown.

Su postura pone de manifiesto la profunda brecha de EE.UU. en relación a los asuntos sociales.

Mientras que la costa oeste del país, epicentro del progreso y el desarrollo económico con ciudades como San Francisco, Seattle y Los Ángeles, se comprometían a proteger el aborto, otros nueve estados, en su mayoría del medio oeste estadounidense, prohibieron al mismo tiempo la interrupción del embarazo.

"Los estados conservadores (rojos, en EE.UU.) y los tribunales ocupados por republicanos han hecho retroceder los derechos de los estadounidenses", afirmó Inslee desde el estado de Washington.

Por su parte, la gobernadora de Oregón avanzó que su estado "resistirá la intervención de fiscales y autoridades" de otros territorios que "traten de investigar a los pacientes que reciban servicios" en los estados de la costa oeste.

"No importa quién seas o de dónde vengas. Oregón no rechaza a nadie que busque asistencia sanitaria", repitió en otro discurso.

En este sentido, Newsom aceleró su respuesta al firmar este mismo viernes un proyecto de ley que eximiría a los proveedores de servicios de aborto de cualquier responsabilidad cuando atienden a pacientes que viajan desde estados donde está perseguido por ley.

Según la Universidad de California en Los Ángeles, entre 8.000 y 16.000 mujeres podrían desplazarse a California anualmente tras el fallo del Supremo.

En California el límite al aborto lo estipulan los médicos cuando hay “una posibilidad de supervivencia del feto fuera del útero materno”, según la ley vigente, aprobada en 2002.