El esperado encuentro llegó cuando el país comenzaba su tercera semana de movilizaciones y luego de una primera toma de contacto el sábado entre ambas partes, quienes a su vez dieron señales de conciliación al derogarse el estado de excepción y levantarse algunos bloqueos de carreteras para abastecer a las ciudades.
La reunión, que se prolongó por casi siete horas, se produjo en la Basílica del Voto Nacional, de Quito, y concluyó con algunos nuevos ofrecimientos del Gobierno que no acabaron de contentar al movimiento indígena, por lo que se emplazaron a continuar este martes las conversaciones.
Por parte del Ejecutivo acudió el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, y el secretario de la Administración Pública, Iván Correa, mientras que del lado del movimiento indígena estuvo presente toda su plana mayor, encabezada por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza.
El Gobierno se mostró abierto a abordar en mesas de trabajo los diez puntos del pliego de demandas del movimiento indígena y a cambio les solicitó suspender las manifestaciones, lo que fue respondido por los concurrentes con una amplia muestra de rechazo.
COMBUSTIBLES Y MINERÍA, “INNEGOCIABLES”
A su turno, Iza, principal promotor de las protestas, aceptó formar grupos técnicos para abordar las diferentes demandas a excepción de dos que consideró "innegociables": la reducción y congelación de los precios de los combustibles y la moratoria a nuevas concesiones mineras.
Para la Conaie, es "insuficiente" e "insensible" la rebaja de diez centavos de dólar anunciada en la noche del domingo por el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en los precios de los combustibles que están congelados, de modo que las gasolinas Extra y Eco País, de 85 octanos, pasarían a costar 2,45 dólares por galón (3,78 litros) y el diésel 1,80 dólares por galón.
La pretensión de indígenas y campesinos es que el galón de las gasolinas mencionadas cueste 2,10 dólares y el de diésel 1,50 dólares. "Es el punto que nos tranquilizaría más", dijo Iza ante los aplausos de sus seguidores.
NUEVOS COMPROMISOS
El Gobierno solo aceptó de momento no dar más concesiones petroleras y mineras en áreas naturales protegidas e intangibles, pero Iza le reclamó que ese compromiso se extienda a zonas de recarga hídrica y a los territorios indígenas.
Asimismo, el dirigente indígena insistió en el resto de puntos de su agenda, como controlar precios de productos de primera necesidad, asegurar un precio justo a agricultores por sus productos, no privatizar empresas del Estado y respetar los derechos de los pueblos indígenas.
Adicionalmente, los dirigentes también demandaron que se no les criminalice por protestas como han anticipado algunas autoridades del Gobierno por varios episodios de violencia.
“DESESCALADA” DE VIOLENCIA
Mientras, en las calles, el ambiente fue más calmado y distendido en Quito, donde la ciudad recuperó un poco la normalidad tras haber estado casi paralizada al completo la pasada semana, pese a que todavía se registran cortes de vías ya que los indígenas realizaron una marcha pacífica y sin incidentes por el centro de la capital.
Según el ministro del Interior, Patricio Carillo, hay "una desescalada de la violencia" a nivel nacional y puso como ejemplo los cortes de vías, que este lunes eran 77 frente a los 350 de la pasada semana, pero en la sureña ciudad de Cuenca se reportó un ataque a la Gobernación de Azuay.
En algunos sectores como el petrolero la situación es crítica, pues la estatal Petroecuador ha dejado de producir 1,2 millones de barriles de crudo en estas dos semanas, al cerrar unos mil pozos y su producción caer a menos de 200.000 barriles al día, un 50 % menos que antes de las manifestaciones.
Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas advirtió el domingo por la noche que en dos días se detendría la producción de petróleo de seguir los bloqueos en varias zonas, especialmente de la Amazonía.
De forma paralela, este martes la Asamblea retomará el pleno donde se debate la moción presentada por el correísmo para destituir a Lasso por “grave crisis política y conmoción interna” y convocar elecciones generales anticipadas.