En un comunicado emitido hoy por la oficina, el asistente al fiscal general Matthew Olsen, de la División de Seguridad Nacional, defendió que el Departamento “no tolerará transacciones que violen las leyes de exportación y las sanciones” de EE.UU.
Según la Justicia, el avión, de fabricación estadounidense, está sujeto a sanciones ya que su transferencia por parte de la empresa iraní Mahan Air a Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), viola las leyes de exportación de Estados Unidos.
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Ambas empresas han sido sancionadas por EE.UU. por presunta colaboración logística para organizaciones terroristas.
El avión llegó a Argentina el 6 de junio, procedente de México y tras hacer una escala en Venezuela. Dos días después partió para cargar combustible en Uruguay, pero tuvo que regresar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza (Argentina) porque el país vecino no autorizó su aterrizaje.
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A su regreso a Argentina, las autoridades inmovilizaron la aeronave y se ordenó la retención de sus 19 tripulantes, 5 iraníes y 14 venezolanos.
El Departamento de Justicia detalló en su comunicado de este martes que el capitán de la aeronave es un excomandante de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución iraní (IRGC), designada como organización terrorista por Estados Unidos.