La llamada Ley de Ajuste Afgano, según defendieron este miércoles diversas ONG y veteranos estadounidenses que fueron desplegados en ese país, es una cuestión “moral” con la que cumplir la promesa de ayuda hecha por Estados Unidos a esa población que colaboró con el país o que era especialmente vulnerable.

La normativa fue presentada el martes, por senadores de ambos partidos y al ser una iniciativa bipartidista se confía en que sea aprobada por el Congreso sin grandes obstáculos, para este otoño o el próximo enero.

Estados Unidos finalizó la retirada de sus tropas de Afganistán el 30 de agosto de 2021 y desde entonces más de 70.000 afganos fueron admitidos en el país con un permiso humanitario, que no conllevaba el derecho a la residencia permanente y expiraba en un periodo máximo de 2 años.

"Los afganos no queremos ser una carga para el Gobierno estadounidense. Somos gente trabajadora y queremos tener nuestra documentación en regla para construir una vida aquí", dijo en conferencia de prensa Lucky, pseudónimo de un intérprete que tras haber trabajado con las fuerzas estadounidenses tuvo que empezar su vida de cero en Texas.

El proyecto de ley permitirá a algunos de esos afganos evacuados reclamar la residencia permanente, evitando así que pierdan su trabajo o sean deportados a la espera de regularizar su situación por otras vías. Hasta ahora el proceso de solicitud del visado especial para afganos tiene 18.000 casos pendientes y el de asilo un millón.

Para los defensores de esa normativa, se trata de un deber y de un tema también de seguridad nacional.

"Si no podemos hacer lo correcto con nuestros aliados afganos, que trabajaron con nosotros en nuestra guerra más larga, ¿qué valor tiene la palabra estadounidense?", se preguntó Andrew Sullivan, militar veterano y director legislativo en la asociación With Honor.

No sería la primera vez que la Administración estadounidense aprobara una legislación similar tras la implicación de Estados Unidos en otros conflictos o crisis humanitarias. Lo hizo por ejemplo en 1966 con ciudadanos cubanos tras la llegada al poder de Fidel Castro o en 2008 con los iraquíes.

De no salir adelante este proyecto de ley, aquellos en el país con residencia temporal se verían abocados al arduo proceso legal de solicitud de asilo o migratorio, dificultado por el hecho de que muchos perdieron o vieron destruidos sus documentos de identidad al salir de Afganistán.

“Tenemos que asegurarnos de que cumplimos nuestra palabra, porque si no los mandamos de vuelta literalmente al infierno, a un país en el que hay un esfuerzo a nivel nacional por parte de los talibanes de dar caza a todas las personas que colaboraron con fuerzas estadounidenses”, advirtió Matt Zeller, analista en la organización de veteranos en Irak y Afganistán, IAVA.