"Sigue el hostigamiento hoy, el hostigamiento judicial, penal, no les importa quebrar a la familia, no les importa dejar a nuestros hijos huérfanos, se han diseñado una situación con la finalidad de quebrarnos", declaró el mandatario durante una actividad oficial en la norteña región de Chiclayo.
Castillo aseguró que su Gobierno "no ha venido a meter las uñas al erario nacional" y que el país atraviesa un "escenario político adverso" donde, dijo, hay "personas que no quieren entender" que él fue elegido en junio de 2021 en "un proceso abierto, libre, donde el pueblo se ha manifestado en las urnas".
"Se quieren bajar a un Gobierno que ha sido elegido democráticamente", enfatizó antes de reiterar que a él, que viene "de la adversidad, de abajo, del sufrimiento, luchando en la calle", no lo van a doblegar.
"Hemos venido a transparentar las cosas, hemos venido para demostrar que sí se puede sacar adelante este país, un país eternamente postergado, un país centralista (...) hoy tienen voz los que nunca la tuvieron", agregó.
Castillo hizo estas declaraciones una semana después de que la Fiscalía le abriera una sexta investigación preliminar, que parte de la presunción de que él es la cabeza de una supuesta organización corrupta que presuntamente actúa dentro del Ejecutivo.
Esta decisión fiscal se conoció un día después de que su cuñada Yenifer Paredes, hermana menor de la primera dama a la que la pareja presidencial crio como una hija, se entregara a la Justicia tras una orden de detención por diez días en su contra.
Con la apertura de esta nueva pesquisa preliminar, que también incluye al ministro de Transportes, Genier Alvarado, la Fiscalía ya suma seis investigaciones contra Castillo, pese a que la Constitución peruana solo permite investigar al mandatario en funciones por traición a la patria y por impedir elecciones.
Para el jefe de Estado, sin embargo, todo forma parte de una operación golpista orquestada presuntamente por quienes ya trataron de arrebatarle el poder cuando se impuso en las urnas en junio del año pasado mediante acusaciones de un inexistente fraude electoral.
Tras la frustrada intervención del Ministerio Público para detener el martes a Paredes en la residencia presidencial, Castillo afirmó ser víctima de una "confabulación entre el Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático" y "tomar el poder de manera ilegal", unas declaraciones que fueron rechazadas tanto por el Poder Judicial como el Legislativo.