El juez Raúl Justiniano resolvió en una audiencia pública rechazar los 36 meses de impedimento de salida que pedía el Ministerio Público contra Paredes, si bien dictó que comparezca ante las autoridades mientras se realiza la investigación.
Argumentó que esta restricción se impone cuando se demuestra que la no permanencia del investigado en el país puede perjudicar la investigación de la Fiscalía, algo que consideró que no ha acreditado el Ministerio Público en su tesis.
Sin embargo, dictó comparecencia con restricciones para la primera dama, lo que implica que esta tendrá la obligación de someterse al control de la Fiscalía, no ausentarse de la localidad de residencia sin previo permiso judicial, no acudir al Ministerio de Vivienda ni al de Transportes y Comunicaciones, así como no presentarse en los municipios de Anguía, Chadín, Cajatambo y Chachapoyas.
También dictó una fianza de 10.000 soles (2.500 dólares), pese a que la Fiscalía solicitaba inicialmente 100.000 soles.
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El Ministerio Público había pedido inicialmente que se impidiera la salida del país a Paredes durante 36 meses por supuestamente integrar una red corrupta encargada de adjudicar obras públicas a cambio de dinero, una organización criminal bajo el presunto liderazgo del presidente Pedro Castillo.
Además de la primera dama, la audiencia también resolvía los pedidos de la Fiscalía contra sus hermanos, Walter y David, y el abogado Hugo Espino, quienes según la institución también forman parte de dicha organización criminal.
El juez rechazó los impedimentos de salida del país de los tres, dictó también comparecencia con restricciones y les impuso multas de 15.000 soles a cada hermano de Paredes y 20.000 soles a Espino, quien ha colaborado anteriormente con la Justicia peruana.
Al final de la audiencia, la Fiscalía apeló el fallo del juez y anunció que insistirá para que este dicte el impedimento de salida contra los acusados.