Zuma, de 80 años, quiere que el fiscal principal en el juicio, Billy Downer, se recuse del caso.
De hecho, el expresidente ha interpuesto un recurso ante la Corte Constitucional para que el alto tribunal se pronuncie sobre su intento legal de destituir a Downer.
Sus abogados sostienen que el fiscal se guía por motivaciones políticas y acusan a la Fiscalía de filtrar documentos a la prensa.
Zuma también se ha querellado contra Downer y la reportera del canal News24 Karyn Maughan, pues sostiene que el procurador filtró a la periodista información sobre su historial médico.
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En una audiencia celebrada en el Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este), Koen, que ya había rechazado la retirada de Downer del caso, argumentó hoy que esos hechos le hacen plantearse su propia recusación.
"El problema es principalmente de mi propia conciencia, pero invité a las partes a abordar cualquier presentación escrita que deseen hacer sobre mi posible recusación antes del viernes", señaló el magistrado.
"Después de una cuidadosa reflexión, el tema de mi participación continua debe abordarse, en interés de la justicia, antes de que se puedan emitir más instrucciones sobre la reanudación del juicio", adujo el juez, al admitir que eso "llevará tiempo".
Debido a que "el juicio podría, en cualquier caso, no reanudarse hasta el segundo trimestre de 2023, tengo la intención de aplazar el juicio hasta el 30 de enero de 2023. Esto evitará aplazamientos en el período intermedio mientras se prepara mi sentencia", concluyó.
En el llamado "juicio del acuerdo de armas", a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, blanqueo de dinero y fraude en relación a un acuerdo millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
Al expresidente se le acusa, en concreto, de haber recibido sobornos millonarios con la intermediación de un asesor financiero.
De forma paralela a esta causa, Zuma es el centro de una gran investigación, conocida como la "Captura del Estado", que estudia la presunta corrupción que afectó al aparato público sudafricano mientras él fue presidente.
En esa investigación, el exmandatario se negó repetidamente a declarar y eso le ocasionó una pena de prisión de quince meses por desacato en 2021.
Ingresó en la cárcel a comienzos de julio de ese año y, sólo unos días después, se desataron en Sudáfrica disturbios y saqueos masivos que, si bien empezaron como protestas de apoyo al expresidente, degeneraron en una violencia general, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país, que causó 354 muertos.
El 5 de septiembre de 2021, pese a llevar unicamente unos dos meses de cárcel cumplidos, a Zuma se le otorgó una polémica libertad condicional por motivos de salud cuyos detalles no se hicieron públicos.