"Durante septiembre, se observó un recrudecimiento de las agresiones en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos. La criminalización de sus actividades (...) derivó en un nuevo aumento de los actos de estigmatización, así como de la intimidación y el hostigamiento", asegura el informe.
Del total de incidentes, 47 fueron calificados como "estigmatización", lo que supone "discursos descalificatorios y criminalizantes (que) alientan a la violencia, además de buscar generar un impacto disuasivo y crear desconfianza en el trabajo de la sociedad civil", añadió.
Asimismo, la ONG contabilizó 15 actos de intimidación y hostigamiento, cuatro amenazas y dos ataques digitales.
Las víctimas de estas agresiones se desagregan en 52 organizaciones de DDHH o de corte humanitario y 16 personas que defienden, individualmente, a poblaciones vulnerables o con derechos violentados.
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En cuanto a los responsables, el CDJ señaló a diputados y representantes del Ejecutivo como principales victimarios, seguidos por grupos adeptos al oficialismo, medios de comunicación del Estado, instituciones públicas y funcionarios de cuerpos policiales.
"Continúa el ataque generalizado en contra del trabajo de las organizaciones, principalmente en el marco de la criminalización de la cooperación internacional, así como también los intentos de desacreditar sus procesos de documentación y denuncia, además del cuestionamiento de su independencia", añade el escrito.