Las declaraciones de Kurti se producen después de que los representantes de los serbios, minoría en Kosovo y que se concentran en el norte, se retiraran de las instituciones kosovares en protesta por el ultimátum, que rechazan porque consideran que reduce sus derechos y viola los acuerdos de normalización.
También exigen a Kurti la creación de una asociación de los municipios serbios, un tipo de autonomía acordada en 2013 en el difícil diálogo entre Kosovo y Serbia auspiciado por la Unión Europea (UE), pero que Pristina se niega a cumplir.
Según el portal Koha, Kurti aseguró que la reacción de los serbios es el intento de Belgrado de encubrir su negativa a un nuevo plan franco-alemán para buscar un acuerdo entre Kosovo y Serbia.
"No se trata ni de las matrículas ni de la Asociación (...), sino del rechazo de Serbia a aceptar la propuesta de París y Berlín", dijo Kurti, quien aseguró que Belgrado se coordina con Rusia y China, ambos países con derecho a veto en el Consejo de Seguridad de la ONU.
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"A Serbia le interesa sabotear el diálogo y cualquier acuerdo", declaró Kurti.
Los detalles del plan de Francia y Alemania aún se desconocen en público, pero Belgrado adelantó que es inaceptable ya que se basa en el reconocimiento de la independencia de Kosovo y su adhesión a la ONU a cambio de una difusa promesa de la entrada de Serbia en la UE.
Belgrado volvió a insistir hoy en el cumplimiento de los acuerdos logrados hasta ahora en el diálogo de Bruselas.
"Debemos ver, después de nueve años de rechazo de crear la Asociación de los municipios serbios (...), si alguien quiere que se cumpla el acuerdo de Bruselas o hay nuevos planes que renuncian al logrado previamente", dijo el ministro serbio de Exteriores, Ivica Dacic.
La asociación es para los serbios el punto crucial del acuerdo.
Serbia no reconoce la independencia que su antigua provincia, poblada por una mayoría albanesa, proclamó en 2008.
La UE advirtió de que la renovada tensión pone en riesgo la situación de seguridad en la región.
Kurti rechazó las peticiones de la UE y Estados Unidos de extender por diez meses el plazo para el cambio de las placas y tratar de solucionar el asunto en el diálogo.