Según reportaron los medios australianos, que tuvieron acceso a documentos del proceso, los abogados de la exasesora del Partido Liberal Brittany Higgins demandarán a las exministra de Industrias de la Defensa Linda Reynolds -su jefa en el momento de la presunta violación- y Michaelia Cash, a cuyo despacho fue a trabajar Higgins tras el incidente, así como al Estado por diversos delitos.
En febrero de 2021, Higgins denunció que fue violada por su antiguo compañero Bruce Lehrmann en el despacho de Reynolds el 22 de marzo de 2019, en un caso que dio inicio a una serie de denuncias e investigaciones sobre presuntos abusos y violaciones en el Parlamento de Camberra.
Los abogados de la víctima demandarán a las partes por acoso sexual, discriminación tanto sexual como por discapacidad, negligencia y victimismo y pedirán una indemnización de unos 3 millones de dólares australianos (2 millones de dólares estadounidenses o 1,9 millones de euros), según detalla la prensa australiana.
No obstante, los representantes de Higgins se negaron a confirmar la información y afirmaron en un correo enviado a EFE que "Noor Blumer y Blumers Lawyers no responderá ni comentará ningún aspecto de lo que sería un asunto confidencial".
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Este domingo, Higgins rompió su silencio después de que el juicio contra su presunto agresor fuera anulado el pasado viernes a raíz del "riesgo inaceptable" a la vida de la víctima y agradeció el apoyo recibido tras exponer la verdad "incómoda" de los hechos.
"Quiero agradecer a las mujeres que dieron un paso adelante y compartieron sus experiencias. Yo les creo", dijo en Instagram la exasesora del Partido Liberal, quien actualmente está hospitalizada por el trauma causado por el proceso judicial y los ataques personales en su contra.
"El resultado no afecta a la verdad", insistió.
La denuncia contra Bruce Lehrmann, quien asegura no haber violado ni tenido relaciones sexuales con Higgins, iba a ser abordado por segunda vez por el Tribunal Supremo del Territorio de la Capital Australiana en febrero de 2023, después de que el primer juicio, que comenzó el pasado 4 de octubre y duró dos semanas, fuera también anulado porque uno de los miembros del jurado accedió ilegalmente a documentos extrajudiciales.
El caso de Higgins, quien se convirtió en un símbolo para denunciar abusos sexuales en centros de trabajo, motivó a otras mujeres a denunciar incidentes de acoso y agresiones sexuales en el Parlamento de Camberra y dio inicio a una serie de investigaciones sobre los presuntos delitos y las gestiones de estos casos.
El pasado febrero, el entonces primer ministro australiano Scott Morrison y los representantes del Legislativo bicameral pidieron perdón a las víctimas de acoso, maltratos y agresiones sexuales y reconocieron que muchas denuncias fueron silenciadas por el miedo a consecuencias electorales.