“Una investigación preliminar de la Oficina Conjunta de Derechos Humanos de la ONU (UNJHRO) y la misión de la ONU en la RDC (Monusco) confirmó que los rebeldes del M23 mataron al menos a 131 civiles -102 hombres, 17 mujeres y 12 niños- durante actos de represalia contra la población civil”, señaló un informe publicado anoche.

Además, al menos 22 mujeres y cinco niñas fueron violadas.

Los ataques se produjeron los pasados 29 y 30 de noviembre en las localidades de Kishishe y Bambo, que pertenecen al territorio de Rutshuru y a la provincia de Kivu del Norte.

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Según los investigadores, las víctimas mortales "fueron ejecutadas arbitrariamente a balazos o con armas blancas".

Los rebeldes irrumpieron en esas localidades "derribando puertas, disparando a los civiles, saqueando propiedades y quemando casas", añadió el informe.

Los incidentes fueron parte de una campaña de represalia del M23 tras haber recibido ataques de los grupos rebeldes Mayi-Mayi Mazembe, la Coalición Nyatura de Movimientos por el Cambio y las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR), que tienen sus bases en esta región.

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Kishishe aún se encuentra bajo el control del M23, lo que impidió a los investigadores de la ONU desplazarse hasta los lugares donde se produjeron las matanzas.

Este estudio se publicó después de que los investigadores entrevistasen a más de medio centenar de víctimas y testigos directos en la localidad de Rwindi, a unos veinte kilómetros de Kishishe.

La ONU rebajó así el número de muertos atribuidos al M23 que denunciaron las autoridades congoleñas el pasado lunes, si bien indicó que las cifras "podrían cambiar" cuando sus investigadores consigan acceder a Kishishe y Bambo.

Según el Gobierno de la RDC, 272 civiles murieron solamente en el pueblo de Kishishe.

Los rebeldes, por su parte, negaron las cifras oficiales y situaron el número de civiles muertos en ocho debido a "balas perdidas".

La de la ONU es la primera investigación independiente sobre esta masacre.

El CNDP, formado principalmente por tutsis (grupo que sufrió en gran medida el genocidio ruandés de 1994), se constituyó en 2006 para -entre otros objetivos- combatir a los hutus de las FDLR, fundadas en 2000 por cabecillas del genocidio y otros ruandeses exiliados en la RDC para recuperar el poder político en su país de origen.

Tras años de inactividad, el M23 empezó a operar de nuevo el pasado marzo y al menos 340.000 personas se han visto desplazadas a causa de sus combates con el Ejército congoleño, según la ONU.

Asimismo, sus combates han generado una intensa crisis diplomática en la que la RDC acusa a Ruanda de colaborar con los rebeldes del M23.

Kigali siempre ha negado ese extremo pese a un informe de expertos de la ONU que confirmó el pasado mes de agosto esa cooperación.

El este de la RDC lleva más de dos décadas sumido en un conflicto avivado por milicias rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la Monusco.